La jueza reduce el 'caso máster' a la falsificación del acta de Cifuentes

La posible adulteración de dicho documento mantiene como imputados, además de a la expresidenta, al director del organismo universitario que impartió el curso, Enrique Álvarez Conde, a Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, las dos profesoras cuya firma aparece en la citada hoja, y a María Teresa Feito, asesora de Cifuentes y quien presuntamente presionó a las docentes para conseguir una coartada tras estallar el escándalo.

En su auto, Rodríguez-Medel se mostró crítica con la decisión del Supremo de no imputar al líder del PP al considerar que «está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una investigación penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado». No obstante, la magistrada asume el dictamen de la Sala Segunda y mantiene su criterio pese a que argumente que «difícilmente un indicio pueda ser incontestable».

En su resolución del pasado viernes, el Supremo admitió como posible que el dirigente popular recibiera «un trato de favor» aunque no apreció «indicios consistentes» de que Casado se pusiera de acuerdo con los profesores para la obtención del título en Derecho Autonómico. De ahí que no viera rastro de cooperación para la prevaricación en su actuación y considerase innecesario llamar a declarar como investigado al presidente del PP.

Bajo esta doctrina, y en contra de lo suscrito en su exposición razonada y en la que instó al Alto Tribunal a investigar al líder conservador, la jueza asume ahora que el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial puede ser «un mero trato de favor» y no un indicio «consistente» de que nos encontramos ante un «regalo concertado» entre alumno y profesor.

A lo largo de las 17 páginas en las que Rodríguez-Medel argumenta por qué ha decidido archivar la línea principal de la investigación, la instructora hace hincapié en que un grupo de alumnos admitió no haber hecho nada más en el máster que haberse matriculado y pagar las tasas, e incluso una de las compañeras de Casado hasta ahora imputadas, Dolores Cancio, reconoció que había obtenido el título pese a que el director del Instituto Público le indicó que no fuera a clase ni elaborara trabajo alguno. Aunque la jueza lamenta que el Supremo no haya tenido en consideración dicho testimonio concluye que sus palabras «no deben ser consideradas indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre una serie de alumnos y el profesorado».

El 'caso máster' se inició el pasado 21 de marzo cuando 'eldiario.es' desveló que la entonces mandataria de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas. Cifuentes intentó justificar que sí había cursado esos estudios aportando cinco documentos como prueba. Uno de ellos era el acta de la defensa del controvertido trabajo final, que supuestamente acreditaba su presencia ante el tribunal que la evaluó para obtener su título académico. Un papel escrito a mano y con la firma de las tres miembros del presunto tribunal que, lejos de salvar a la política madrileña, terminó por hundirla tras conocerse que dos de ellas habían sido falsificadas.