El juez señala al exministro Ábalos como «intermediario» de la 'trama Koldo'

«La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo«, apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.

Ahora, el episodio que el alcalde de León, José Antonio Diez, vivió con el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, ha sido recordado con motivo del estallido de la operación Delorme en el que 20 personas han sido detenidas y se han producido registros en varias provincias, entre ellas León.

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial», precisa.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama, y Koldo.

Según se desprende de la investigación, en dicha llamada «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero». «De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión«, añade el juez.