El juez salva a Cospedal y procesa solo a la cúpula policial por Kitchen

El instructor solo sentará en el banquillo por esta operación parapolicial a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior durante el mandato del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015), con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Todos ellos, acusados de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación, según consta en el auto de procedimiento abreviado conocido hoy.

García Castellón exonera de toda responsabilidad a Cospedal en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones, que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del día de hoy, en el que concluía el plazo. El juez rechaza llamar a declarar antes de cerrar la instrucción a Mariano Rajoy, pese a los testimonios que apuntaban a que conocía el operativo para investigar al extesorero y que lo autorizó a sabiendas de que se iba a hacer con fondos reservados. Y es que el magistrado insiste en las 81 páginas de su auto en descartar la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior.

El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, además de sentar en el banquillo a Jorge Fernández también llevará a juicio al que fuera su número 2, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y la personas que supuestamente sirvió de enlace entre la trama política y la policial de esta investigación ilegal que se desarolló entre julio de 2013 y julio de 2015 y que tenía como objetivo conocer qué papeles comprometedores sobre el PP guardaba todavía Bárcenas y hasta qué punto el extesorero popular estaba dispuesto a tirar de la manta ante la Audiencia Nacional.

Además de los dos responsable políticos de Interior, el instructor procesa a algunos de los más altos responsables de la Policía Nacional de aquellos años, muchos de ellos vinculados a lo que se dio en llamar la 'policía patriótica', tales como: el propio Villarejo; el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; o los mandos policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

En su resolución, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal y su marido porque –razona- a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, «respecto de los que existe una sólida base indiciaria» en el caso de la exdirigente popular y su esposo «resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación».

La imputación a Cospedal y López del Hierro de una «participación intelectual» no deja de ser -argumenta el juez - «resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones». Además de librar al matrimonio, el juez salva del procesamiento a otros dos imputados hasta ahora: al jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz y a Enrique Olivares, el falso cura que irrumpió en casa de Bárcenas.

El instructor rechaza la petición de prórroga solicitada por las acusaciones y la práctica de diligencias (como el interrogatorio de Rajoy) por considerarlas «inútiles y, en algunos casos, impertinentes» y recuerda que la legislación procesal no admite investigaciones prospectivas. «La actividad instructora -añade- no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario», señala García Castellón.

El juez hace un relato muy extenso sobre la responsabilidad de cada uno de los políticos y policías que participaron en esta trama. Asegura que el encargo de esta investigación ilegal nació del propio Jorge Fernández, quien dio órdenes a Martínez para que «pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder de Luis Bárcenas», con el «objetivo» de que el extesorero no pudiera entregar material a la autoridad judicial que entonces instruía la pieza sobre la contabilidad B del partido (la conocida como 'papeles de Bárcenas').

Francisco Martínez Vázquez, prosigue el juez, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al DAO, Eugenio Pino, quien delegó en el omnipresente Villarejo, que acabó involucrando en el operativo ilegal a toda su camarilla de amigos en la cúpula del CNP y habituales colaboradores.

La información comprometedora para el PP «se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre del año 2013», apunta el juez, que asegura que los procesaron encontraron todo el material en el denominado 'zulo', un local comercial utilizado por Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, en cuyo interior, había un armario con un doble fondo.

Para llegar a ese zulo, objetivo final de la operación, los imputados no dudaron en hacer uso de los medios públicos de la Policía Nacional, así como de fondos reservados.