El juez rechaza que la Generalitat catalana sea acusación en el 'caso Pegasus'

En un auto cono cido hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro señala que no hay habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer la acción popular.

El Ejecutivo catalán había alegado que el Estatuto de Autonomía establece que «los poderes públicos deben promover el pleno ejercicio de las libertades y la ciudadanía, así como promover las condiciones de libertad e igualdad de las personas, sean reales y efectivas», y «valores como la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz y la justicia».

Además, la Generalitat aludió a la «gravedad extrema de estas actividades ilícitas y el ataque a los derechos fundamentales de las personas afectadas, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Sin embargo, para el juez Calama, «la falta de legitimación de la Generalitat para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara, por cuanto ha de ser un concreto precepto de la ley el que recoja esa opción». «No hay habilitación legislativa general para que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular», recalca.

Así, el instructor recuerda que «la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal, no teniendo cabida el ejercicio por parte de personas jurídicas públicas de la acción popular fuera de los casos en los que esta posibilidad se encuentra contemplada legalmente».

El magistrado menciona la doctrina de los tribunales Constitucional y Supremo en este sentido, la cual establece que el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular, apostillando que «mediante el uso generalizado de la acción popular se llegaría a generar una 'acción pública alternativa'» a la de la Fiscalía.

No obstante, el auto firmado por el juez aún no es firme, ya que la Generalitat tiene un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y de cinco días para impugnar ante la Sala de lo Penal.

Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada tras confirmarse también la infección del teléfono de Grande-Marlaska con este software espía y la tentativa al del titular de Agricultura, Luis Planas.

En esa resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) el pasado 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, programa espía israelí de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».

Los informes sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.