El juez propone juzgar a 35 investigados por la trama económica del macrofraude de iDental

Estas pesquisas versan sobre delitos económicos y el juez ha procesado, por un lado, a la organización dedicada a obtener financiación de Bankia para invertir en empresas y enriquecerse con los préstamos obtenidos en perjuicio del inversor y, del otro, los delitos económicos que se habrían cometido en las operaciones fraudulentas relacionadas con el Grupo iDental.

Se trata, en suma, de dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron cuando la primera, encabezada por Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, vendió iDental a la segunda, que lideraban Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López.

Los primeros contaban también con Sandra Berenguer, Enrique Gumiel y Elena Llaneza y a todos se les propone enviar a juicio. Ellos fueron quienes constituyeron el Grupo iDental, así como toda la estructura societaria derivada del mismo, y quienes lo gobernaron hasta la entrada de Sans y los hermanos Garrido, quienes, a su vez, contaban con otras personas con distintos niveles de responsabilidad.

El auto del juez De la Mata explica que la estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes a precios «irrisorios», con pleno conocimiento de la incapacidad de la compañía para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, a quienes hacían creer que pagaban menos porque parte del elevado coste de los tratamientos estaba subvencionado por instituciones públicas.

Una vez captado el cliente se le presionaba de forma «muy agresiva» para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo para obtener de golpe el importe íntegro del tratamiento por parte de la entidad que lo financiaba. Así, el objetivo era captar el mayor número de clientes y más recursos económicos «con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido».

Además, en el contrato que firmaba el cliente con iDental existía una cláusula por la que si realizaba una devolución del tratamiento tendría que pagarlo a precio de mercado, es decir, con la estimación inicial sin los supuestos descuentos que le ofrecían y que estaba «inflada». «Se dejaba atrapado al paciente, que se veía obligado a continuar con los pagos del crédito«, señala el auto.

Este sistema se desarrolló durante la primera etapa, la de Pellicer y Castañer, y se mantuvo «exactamente» con Sans y los hermanos Garrido una vez compraron el negocio, cobrando a los pacientes por adelantado y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos. Ello pese a que solo había financiación para continuar la actividad de la empresa hasta junio de 2018 -finalmente se cerró en mayo- y no pagaron las nóminas durante los meses previos.

Sans y los Garrido componían, de acuerdo al auto, su propia organización y llevaba años desarrollando una estructura societaria gracias a la cual consiguieron fraudulentamente una importante financiación de Bankia para su inversión en explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y la integridad patrimonial financiera.

Ese mismo operativo se habría repetido al menos seis veces, siempre según las conclusiones del juez, en otras tantas sociedades y ha implicado 54 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos de Bankia de forma fraudulenta, hasta conseguir la adquisición del grupo iDental a sus propietarios iniciales. Estas seis mercantiles son Quevier'd Grup S.L., Agua Vitaminada S.L., Kinlan Business S.L., Exploagropecuaria S.L., Hotel Abadía S.L., y Health 2015.

Cerrada la instrucción de esta pieza y la primera, relativa a los delitos contra la Seguridad Social, queda otra contra la Hacienda Pública y también la parte principal de la causa, la más compleja por extensa, sobre los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados y otras personas en los tratamientos odontológicos.

Un primer avance de estas pesquisas revelan que un número «masivo» de tratamientos quedaron inacabados, fueron defectuosos y en muchos casos, produjeron alergias e intolerancias y en otros, lesiones, debido a la absoluta insuficiencia en la capacidad de producción de los servicios por parte de las clínicas del Grupo y la limitada experiencia de los odontólogos, en su mayoría recién graduados sin práctica profesional.

Los pacientes, pese a estar sufriendo circunstancias como lesiones por mala praxis y mal asesoramiento y padeciendo la deficiente higiene en el material utilizado, «no tenían una vía alternativa de salida ya que la clínica no daba opción a cancelar los tratamientos por lo que aunque no quisieran continuar con estos, debían seguir pagando las mensualidades debidas». Algunos perjudicados, al quejarse, recibieron amenazas y coacciones del Departamento de Calidad de iDental.