El juez propone juzgar a Villarejo y a los dueños de la urbanización de la 'jet set' madrileña

El juez instructor Manuel García-Castellón ha propuesta hoy juzgar a Villarejo, a su esposa Gemma Alcalá, a su socio Rafael Redondo, a García Castaño y a otras tres personas, Francisco Peñalver, Susana García Cereceda y David Fernández, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Además, otras tres personas jurídicas, La Finca Global Assets S.L, La Finca Somosaguas Golf S.L y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios S.L, también han sido procesadas. Estas mercantiles constituyen la arquitectura empresarial de la lujosa urbanización 'La Finca' de Madrid, un terreno de cerca de 200 parcelas al noroeste de la capital donde viven futbolistas, artistas, empresarios y políticos. Y cuyas viviendas alcanzan los 12 millones de euros.

Todos estos hechos están contenidos en una pieza separada de la 'operación Tándem', las actividades parapoliciales llevadas a cabo por Villarejo. En concreto, el juez detalla en un auto las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa (La Finca). Dos de los investigados, Peñalver y García Cereceda, y su responsable de seguridad, David Fernandez, contrataron los servicios de Villarejo para recabar información sobre la situación de la mercantil tras la muerte de su presidente, Luis García Cereceda, padre de Susana, en 2010 tras una larga enfermedad.

Comenzó entonces una batalla familiar sin cuartel por conocer la millonaria herencia y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los beneficiarios, como la hermana de Susana, Yolanda García Cereceda, su exmarido Jaime Ostos Jr. o su madrastra Silvia Gómez Cuétara.

Esos servicios, afirma el juez, «excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la misma». Villarejo y Redondo ofertaron a sus clientes un servicio para solventar una «situación de crisis» que incluía «la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter resevado, como tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.».

Quienes encargaron los servicios a Villarejo conocían su situación de policía en activo y éste se prevalió de su cargo para obtener información de carácter reservado que luego vendería a sus clientes. Éstos la usarían luego como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa de La Finca.

El precio de estos servicios se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de rentabilización de los resultados. Procisa habría pagado 340.252 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso, según recoge el auto. Ahora, el juez da un plazo de 10 días para que las acusaciones presenten su escrito solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.