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Lázaro Giménez | Alicia Negre
Jueves, 12 de septiembre 2024, 17:22
El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, en auto notificado esta mañana, ha acordado que continúen las actuaciones contra el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez Fernández, quien fuera alcalde de Calasparra entre 2017 y 2019.
Además de Vélez, se suman en el escrito los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno y el administrador de la mercantil Chipé Producciones, por su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, coincidiendo con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento con ocasión de las fiestas patronales.
El magistrado concluye de esta forma la instrucción y da 10 días al Ministerio Fiscal y a las demás acusaciones para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral y/o el sobreseimiento de la causa. El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
Según el escrito, de la investigación practicada hasta el momento, el juez concluye que «evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria».
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Las diligencias se centran, según la resolución, en las relaciones jurídicas del consistorio con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria que se celebraban por la tarde. Para las que existió, según las actuaciones practicadas, un convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento, un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto en el que el precio a abonar era de 37.000, y un contrato menor de 15.000 en 2019.
El magistrado, tras concretar cronológicamente los hechos objeto de investigación, describiendo cada una de las cantidades satisfechas por el consistorio, resume que en los tres años «se observa como el Ayuntamiento de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado, bien por tratarse de pagos directos a la empresa Chipé por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada».
Según el escrito «de esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019».
Tras conocerse esta noticia, Vélez ha descartado dimitir porque cree que cuenta «con el apoyo de la inmensa mayoría de mis compañeros y compañeras en la Región y de la dirección federal de mi partido, que ha visto el caso y ha podido comprobar que no hay absolutamente nada ilegal».
Sí ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial el escrito de transformación en procedimiento abreviado. El secretario general habla de «continuas prórrogas de instrucción injustificadas» para alargar lo que considera una «pena del banquillo».
Asegura que utilizará «todos los cauces e instrumentos jurídicos a mi alcance para que se demuestre la verdad y se certifique nuestra honorabilidad» y por eso dice que se encuentra «muy tranquilo». «Siempre he cumplido la ley y he actuado anteponiendo el interés general. Jamás podrán demostrar que me he llevado ni un solo euro de forma ilícita. Todo lo que tengo lo he ganado con mucho esfuerzo y trabajo», dice.
El ex alcalde de Calasparra señala al PP y al resto de la oposición en ese municipio, a los que acusa de llevar «muchos años intentando ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en la urnas. Llevo ganados decenas de denuncias y recursos judiciales».
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