El juez de la 'operación Enredadera' está de refuerzo en el juzgado del 'procés'

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) adscrita a su departamento, prefirió judicializar este caso ante el órgano de Badalona dirigido por el magistrado Pablo Jesús Alonso. Ello pese a que la mercantil Aplicaciones Gespol tiene sede en Barcelona, su domicilio social está en Madrid (Valoriza), según el Registro Mercantil, y el Ayuntamiento de Badalona no aparece salpicado por estas pesquisas, según los comunicados de Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Se da la circunstancia de que el instructor de la 'operación Enredadera' no solo trabaja en el Juzgado de Badalona, sino que varios días a la semana se desplaza al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde se encuentra de refuerzo del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, responsable de la investigación del 'procés' en Cataluña.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró en marzo pasado a Alonso García como juez de refuerzo para que Ramírez Sunyer pudiera dedicarse en exclusiva a las tareas de instrucción, entre ellas la de la causa que sigue por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

La medida fue tramitada a través de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, y se justificó «por la complejidad de la instrucción y por el elevado número de personas investigadas en el procedimiento, más de 30». Y el elegido para reforzar su juzgado fue un magistrado cercano como Alonso García, a quien Anticorrupción ha confiado ahora la macrooperación 'Enredadera' que afecta a diez Comunidades Autónomas.

Dichas pesquisas fueron abiertas por la Fiscalía en 2016, pero solo a última hora han acabado en el juzgado de Badalona tras la presentación de la pertinente querella. Fuentes jurídicas consultadas señalaron que los investigadores se decantaron por este juzgado de «conveniencia» tras sondear sin éxito otros órganos de Madrid.

La 'operación Enredadera' se centra en la adjudicación de contratos administrativos referidos a la gestión policial en el ámbito municipal.

Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol en 2016 esa empresa ha obtenido adjudicaciones locales por un importe total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros.

Hace tres años, el think tank Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña publicó un informe en el que se refería a la infiltración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en distintos cuerpos de Policía Local de Cataluña «para usarlas como base informativa en el territorio» de esta comunidad autónoma. El presidente de este centro de análisis sobre seguridad y defensa es Miquel Sellarès, que como primer director de Seguridad Ciudadana de la Generalitat fue responsable de la fundación y despliegue de Mossos d'Esquadra.