El juez mantiene el tercer grado a los presos del 'procés'

Los dos juzgados de vigilancia han decidido mantener el tercer grado mientras resuelven sobre el fondo del recurso presentado por la Fiscalía sobre si es correcta o no la concesión por parte de la Generalitat de este régimen de semilibertad a los dirigentes secesionistas, condenados a penas de nueve a trece años. Se da la circunstancia de que en julio, la juez titular del Juzgado de Vigilancia número 5 si aceptó la petición de la Fiscalía y los siete presos de Lledoners tuvieron que volver al régimen del segundo grado. Sin embargo, el juez que sustituye a la magistrada titular considera que la suspensión solo procede cuando se interpone un recurso de apelación contra una resolución definitiva en materia de grado penitenciario. Y no es a su juicio este el caso. También ha criticado la interpretación «extensivo» que hace a su entender el Ministerio Público de la normativa y señala que la suspensión cautelar del tercer grado antes de resolver el recurso podría afectar a una restricción de derechos.

La Consejería de Justicia de la Generalitat ha otorgado ya dos veces el régimen de semilibertad a los presos del 'procés', que llevan en torno a tres años en la cárcel y poco más de un año con condena firme. El primer tercer grado lo revocó el Supremo en diciembre del año pasado, al considerar la decisión del Govern prematura, teniendo en cuenta a gravedad de los delitos y el periodo que llevan entre rejas. Los nueve presos pasaron automáticamente a estar clasificados en segundo grado, sin poder salir durante el día a trabajar y pasar los fines de semana en casa. La Generalitat, en cambio, una vez superado el periodo reglamentario para revisar la clasificación penitenciaria aprobó a finales de enero por segunda vez el tercer grado a los presos del 'procés' justo al inicio de la campaña electoral.

De nuevo, la Fiscalía impugnó esa decisión tras las elecciones. El Ministerio Público afirmó que «no puede obviarse la extrema gravedad de los delitos cometidos« y no puede »utilizarse la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».