El juez desoye a Anticorrupción y deja libre a la mujer de Villarejo

Alcalá fue detenida el viernes por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte, mientras que los otros tres arrestos se produjeron en Alicante, Madrid y Guipúzcoa. La Fiscalía enmarca la operación en delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

En concreto, los detenidos trataron presuntamente de vender información relativa a la seguridad y personalidades del Estado a cambio de importantes sumas de dinero, según los investigadores. Algunos de estos documentos y grabaciones han salido a la luz mientras el excomisario estaba en prisión, y no constaban entre los incautados por la Policía.

Alcalá, periodista de profesión, ya fue una de las arrestadas en noviembre de 2017 cuando se desmanteló la trama. Quedó entonces en libertad provisional. Su marido permanece desde entonces en la cárcel de Estremera (Madrid) a la espera de juicio. La pieza actual -la número 28 de la macrocausa- permanece bajo secreto.

Al mismo tiempo que se producían las detenciones de este viernes, una comitiva judicial registró la celda del comisario y se incautó de documentación. Durante el registro Villarejo habría protestado y reaccionado de forma agresiva, según fuentes penitenciarias. Uno de los detenidos es un abogado que compartió prisión con el excomisario. Entre la documentación intervenida se encontrarían investigaciones judiciales sobre el 'procés' que la trama estaría tratando de vender a personas del entorno independentista.

El papel de intermediarios lo ostentaban Andrés R. y Alfonso P., así como la esposa de éste, Ascensión F. Alfonso fue el único para quien el juez decretó prisión incondicional, según fuentes jurídicas. Una filtración de información fue la pista que seguían los investigadores desde hace meses para destapar esta nueva trama. Se da la circunstancia de que el juez tiene todos los bienes bloqueados de los Vilarejo-Alcalá y que la mujer no podía acceder a sus cuentas bancarias.

En el contexto de estas nuevas pesquisas se enmarca la decisión del director de Estremera, en diciembre de 2018, de intervenir las comunicaciones del preso ante la sospecha de que siguiera manejando los hilos. Villarejo se había quejado en algunas cartas remitidas por su abogado a los medios de comunicación del trato denigrante que está sufriendo en el centro penitenciario.