Diego, el juez discreto que decantó la balanza

Esta etiqueta colgada en la toga de Julio de Diego ha perdurado desde que llegó a la Audiencia Nacional en noviembre de 2006, procedente del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, hasta el 30 de octubre de 2015. Ese día se celebró un Pleno en la Sala de lo Penal en el que, por diez votos contra ocho, se aceptó la recusación de su compañera Concepción Espejel para presidir el primer juicio del 'caso Gürtel' (época primera, 1999-2005).

Las razones de la mayoría de magistrados fueron las «dudas objetivamente legítimas» que generaba su imparcialidad en este caso, ya que Espejel fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) a propuesta del PP en el Senado, donde Luis Bárcenas era entonces parlamentario.

Para sorpresa de muchos, el entonces considerado «juez conservador» no solo dejó la independencia de Espejel en entredicho, sino que cambió por completo la composición del tribunal de 'Gürtel' después de que el magistrado Enrique López también fuera recusado en ese mismo pleno -14 votos contra cuatro- para formar parte de esta sala.

Así, el voto estratégico de Julio De Diego decantó la balanza y fue fundamental para que la resistencia que opuso López en su recusación acabara por llevarse también por delante a la magistrada, a la que María Dolores de Cospedal llama cariñosamente «Concha». Y eso que la juez y De Diego tenían por aquel entonces una sólida amistad que iba más allá de la Audiencia, visibilizada en los cafés mañaneros que a menudo tomaban cerca del tribunal.

Después de aquel episodio nada volvió a ser igual entre ambos. De Diego sustituyó a López en el tribunal de 'Gürtel' y Ángel Hurtado, presidente y ponente de la sentencia, a Espejel, recién elegida ahora presidenta de la Sala de lo Penal. El tercero en discordia es José Ricardo de Prada, un juez posibilista, miembro de Jueces para la Democracia, que ahora suma fuerzas con De Diego para neutralizar las posiciones del presidente Hurtado.

Así, fue esta dupla la que acordó la declaración de Mariano Rajoy como testigo en persona, y no escondido tras el plasma de la Moncloa, en la sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), como pretendía el presidente del Gobierno.

Con todo estos movimientos, la pregunta es muy recurrente: ¿dónde se produjo el cambio de 'chip' de De Diego, un magistrado catalogado como «conservador»? Las fuentes jurídicas consultadas aprecian un «giro más personal que ideológico». Mencionan el hecho de que la defensa del PP pidiera la nulidad del juicio en las cuestiones previas con una estrategia torticera, sumando su fuerza a los cabecillas de la trama, cuando la cúpula del partido reitera en los medios su apoya a la Justicia. O el día en que el PP como persona jurídica, acusado como responsable civil a título lucrativo en el proceso, «se negó» a someterse al interrogatorio. «Situaciones así han ido modificando su percepción desde que comenzó la vista oral en octubre», detallan los informantes.

En una ocasión había rechazado esta sala la testifical de Mariano Rajoy, pero el 19 de abril pasado, en un auto de tres páginas, los jueces justificaron que «la situación en la que se encuentra el tribunal es muy diferente a la de antes del inicio de las sesiones del juicio» y que es necesario disponer de información sobre «hechos puntuales».

Estos argumentos del juez De Diego, ahora visto como más «independiente que conservador», condujeron a que en julio de este año se viviera un verdadero hito judicial: la primera vez que un presidente del Gobierno español se vió obligado a declarar en persona en un juicio por corrupción. Por la razón que sea -en el ambiente flota aquella recusación contra Espejel, que también ha decidido cambiar la composición del tribunal-, De Diego no tendrá la ocasión de hacer repetir a Rajoy sentarse en un banquillo. Este lunes la Audiencia Nacional lo apartó del caso de la ‘caja B’. Ya no podrá decantar la balanza.