El juez archiva la investigación a Ruiz-Gallardón por el «sobreprecio» de hasta 35 millones en la compra de una empresa pública madrileña

El instructor adoptó esta decisión en un auto después de que Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Ruiz-Gallardón al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra. También han quedado fuera de esta pieza otras 15 personas, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González o Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte del primero en los negocios del Canal en Iberoamérica. Ambos, sin embargo, siguen imputados en otras piezas de esta causa, por la que estuvieron en prisión preventiva.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado contra 22 investigados y da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días presenten sus respectivos escritos de acusación.

Los hechos se remontan al año 2000, cuando varios de los investigados vinculados a la compañía Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que les vendiera toda su participación con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, «a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de recibir un porcentaje de Inassa, como así sucedió finalmente».

El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica «estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado», y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa «es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares».

La resolución acuerda incorporar a las actuaciones los dos informes periciales de la Intervención General del Estado y de Hacienda aportados junto con el escrito del Ministerio Fiscal, al considerarlos un prueba «relevante y necesaria» para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa.