La juez cercena la causa a la excúpula policial por boicotear a los investigadores del 'pequeño Nicolás'

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid está restringiendo los interrogatorios a los querellados, no deja preguntar por cuestiones de otros procedimientos que se solapan con esta causa, sobre todo del 'caso Villarejo', y rechaza incorporar elementos tan relevantes como las agendas personales del comisario jubilado.

Estas anotaciones, según adelantó este periódico en febrero pasado, reflejan indicios de los seguimientos que se hicieron al menos desde 2016 al grupo de la unidad de Asuntos Internos encargado de investigar el 'caso Nicolás'. El objetivo era claro: torpedear las pesquisas, expulsar a los agentes que destaparon los negocios de Villarejo (un grupo liderado por el inspector Rubén López, ahora querellante) y, en último extremo, buscar el archivo del procedimiento.

Sin embargo, este intento de dar munición a la defensa de Nicolás Gómez Iglesias para anular la causa tuvo el efecto contrario. El abogado utilizó unas escuchas realizadas a los investigadores del caso con miembros del CNI en octubre de 2014, poco después de la detención del joven estafador. Quería demostrar que se había manipulado la investigación. Pero al final el juzgado ha considerado que había indicios de revelación de secretos para llevar esta pieza a juicio: se acusa a Villarejo de estar detrás de esta maniobra y publicar el audio en el diario digital de su mujer, la periodista Gemma Alcalá.

Precisamente, este lunes ha comparecido Villarejo como investigado, uno de los 16 querellados en la causa que instruye la juez Bustos. El comisario jubilado ha rechazado estar detrás de este plan para boicotear el trabajo de sus colegas de Asuntos Internos, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Pese a esta posición, el interviniente se ha mostrado locuaz, con ganas de relatar los hechos que conocía y cómo cayó en desgracia el inspector López.

«Estaba tirando muy arriba», a la cúpula policial dirigida entonces por Eugenio Pino. Relatando si hubo escuchas ilegales o revelación de secretos. Adentrándose en los motivos que llevaron a defenestrar al grupo de investigadores, que acabaron cesados por la juez del Pilar Martínez Gamo, que les llegó a imputar en 2017 por retardo malicioso. »Pero la magistrada Bustos no ha permitido ir más allá«, han añadido las citadas fuentes.

Esta limitación de los interrogatorios, que ha afectado a otros comparecientes, o la negativa a incorporar las agendas de Villarejo han sido recurridos por los querellantes ante la Audiencia Provincial de Madrid. Al mismo tribunal que en febrero pasado tiró de las orejas a la juez instructora por no admitir la querella, que incluye la posible comisión de delitos de acoso laboral, organización criminal u ocultación de pruebas, entre otros.