Jueces y fiscales amenazan con una huelga indefinida en plena campaña electoral

El 'qué hay de lo mío' se ha extendido como una mancha de aceite y este lunes todas las asociaciones de jueces y fiscales -siete en total aunque dos con matices- han anunciado que se irán a la huelga a partir del 16 de mayo, cuatro días después del comienzo de la campaña electoral del 28 de mayo, con la repercusión política y social que ello significa, si los ministerios de Justicia y Hacienda no llevan una propuesta a la mesa de retribuciones para revisar sus salarios.

En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han unido fuerzas para presionar al Gobierno con más conflictividad en la Administración de Justicia si no se sienta a negociar.

Estos colectivos han dejado aparcadas sus diferencias con otros temas judiciales sin resolver, como la atribución de responsabilidad política en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años y cinco meses paralizada, para unirse por el incremento de las nóminas de los 8.000 compañeros que forman parte de las carreras de jueces y fiscales en España.

En su nota conjunta, califican de «insuficiente» el presupuesto destinado al gasto de personal en las cuentas de Justicia para 2023: de los 2.304 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior, el capítulo salarial se come 1.785 millones, alrededor del 75% del total, lo que supone un incremento neto de 139 millones, un 8,4% más respecto a las cuentas del ejercicio de 2022.

El motivo que aluden, siguiendo el ejemplo de los letrados judiciales, es que la carga de trabajo que asumen por la «elevada litigiosidad» afecta tanto a la calidad como a la rapidez de la respuesta judicial y a la salud de los profesionales. También reprochan que Justicia, el departamento dirigido por Pilar Llop, tras meses de conversaciones, desconvocó en octubre pasado «sin explicaciones» la mesa de retribuciones. En estos seis meses, prosigue el comunicado, «hemos mantenido la paciencia y el sentido de la responsabilidad». Ello pese a que, coincidiendo con el conflicto de los letrados judiciales, hubo dos reuniones el 31 de marzo y 4 de abril en las que «no se produjeron avance alguno».

La siguiente cita estaba prevista para el 3 de mayo próximo, pero las asociaciones de jueces y fiscales creen que hay «nula garantía» de que tenga resultados y, además, lamentan que en la mesa de retribuciones no se sienten los representantes del Ministerio de Hacienda, al fin y al cabo el departamento clave de la negociación por el control que ejerce sobre los créditos extraordinarios de los presupuestos. Una actitud que califican de «inacción negligente».

Sobre la convocatoria de huelga, tanto la asociación Jueces y Juezas para la Democracia como la Unión Progresista de Fiscales han estimado oportuno esperar a la reunión del día 3 para conocer el planteamiento de Justicia y Hacienda antes de tomar una decisión definitiva.

Respecto a los salarios, a modo de ejemplo, un juez de carrera que acaba de acceder a un juzgado y que pertenece al grupo A1 tiene un sueldo base de unos 1.300 euros al mes sin contar con dos pagas extras de unos 800 euros. A esto se suma un complemento de destino que, en el caso de pequeños partidos judiciales de Huelva o La Rioja, del llamado grupo cinco, se acercan a los 1.600 euros al mes. Por último, existe un complemento específico por la responsabilidad del cargo, formación, penosidad o complejidad, que, de media, ronda los 275 euros. En suma, el sueldo de un juez novato con este perfil superar los 3.300 euros brutos al mes en la actualidad.