El Gobierno asegura que Juan Carlos I no recibirá un trato especial de Hacienda

La voluntad del padre de Felipe VI de regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause ha vuelto a poner el foco sobre sus presuntos negocios opacos. Unidas Podemos considera que al dar este paso don Juan Carlos estaría «confensando» que habría defraudado a la Hacienda española. «Todos estamos obligados al cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de fiscalidad», reconoció Darias durante una visita a Albacete.

Según 'El País', el anterior jefe del Estado quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad. De acuerdo con este diario, el equipo jurídico de don Juan Carlos se habría reunido ya con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos, realizadas en fechas posteriores a su abdicación, con la que esquivar una denuncia por delito fiscal.

Esta posibilidad, a la que pretende acogerse el rey emérito, está recogida en el artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria «impedirá» perseguir las irregularidades contables en las que podría haber incurrido previamente. Para que esta opción sea efectiva, debe hacerse antes de recibir la notificación de inicio de actuaciones inspectoras por parte de Hacienda. Y ese aviso aún no se habría producido.

Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero evitaron hacer comentarios a este periódico sobre la declaración de Juan Carlos I. «No podemos hablar de casos concretos», argumentaron derivando el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo. «Se trata –insistieron– de una investigación que lleva la Fiscalía y todo lo que se haga en la investigación depende de ella».

El Ministerio Público cuenta con indicios de que el millonario Sanginés-Krause sufragó durante años numerosos gastos de don Juan Carlos y de otros miembros de la Familia Real, entre los que no estarían los reyes Felipe y Letizia. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos, que se habrían gestionado a través del ayudante de Juan Carlos I, el coronel Nicolás Murga, fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares. Entre las facturas que fueron financiadas por el mexicano, hay desde viajes y estancias en hoteles y spas hasta cuentas en restaurantes.

El ministro de Transportes, en una entrevista en TVE, reconoció que el Ejecutivo no tiene constancia de si la petición del equipo legal del rey emérito se ha presentado ya ante la Agencia Tributaria. En cualquier caso, Ábalos señaló que más allá de ser una buena o mala noticia, «lo mejor es que no hubiera ocurrido».

El también secretario de Organización del PSOE apuntó que será ahora la Agencia Tributaria «la que establecerá procedimientos de investigación y determinará lo que tenga que determinar», aunque advirtió de que «lo importante es que no haya diferencia, se trate de la persona que se trate».

En estos momentos son tres las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I, que van desde el cobro de 65 millones en Suiza procedentes de Arabia Saudí por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca, a las tarjetas de crédito en las que ingresaba dinero su amigo mexicano y la supuesta nueva fortuna del emérito situada en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.