Jóvenes radicales convocan un día contra la Guardia Civil en Etxarri

La localidad está gobernada por EH Bildu con 10 concejales y sólo hay uno más, que pertenece a UPN. Desde el 28 de julio y hasta el 3 de agosto se celebran sus fiestas patronales y este grupo de radicales plantea su jornada como una especie de continuación de los festejos.

«Esta es la verdadera cara de Bildu, la que trata de ocultar en las Cortes pero que en Navarra y el País Vasco conocemos bien: la del insulto, la burla y la humillación», ha denunciado el presidente del PP en la comunidad foral, Javier García. El político navarro ha recalcado que «desde el Partido Popular seguiremos apoyando y defendiendo» al instituto armado.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha anunciado que solicitará, a través de sus servicios jurídicos, acciones legales contra los organizadores. Consideran evidente la «comisión de un posible delito dirigido especialmente contra las personas que forman parte del colectivo de la Guardia Civil y sus familias».

La asociación señala a través de un comunicado que, como ya han hecho «en otras circunstancias anteriores», tienen previsto poner a sus servicios jurídicos en marcha «para solicitar de la Administración de Justicia la toma de acciones legales frente a los que violentan la democracia, imponen el odio a una parte de la sociedad española y no dudan en tomar iniciativas delictivas como la de Etxarri Aranatz».

No es la primera vez que en Navarra se ven jornadas de este tipo. Uno de los casos más conocidos es el 'Ospa eguna' de Alsasua, que solía terminar con gritos e insultos ante el cuartel de la Guardia Civil en esa localidad. El año pasado la Delegación del Gobierno en Navarra intentó evitar su celebración pero, aunque resaltó que «es un acto que no debería producirse», no encontró elementos suficientes para prohibirlo, ni por los actos previstos ni por sus antecedentes.

Agustín Leal, secretario general de Comunicación de JUCIL, explicó ayer que «en este momento hay guardias civiles y sus familias en una parte de España que se encuentran directamente amenazados, y no es por la delincuencia común, sino que desde instituciones públicas, desde una administración municipal, se alientan conductas de odio hacia ellos y hacia sus familias». Tras reclamar del Gobierno de España «una actitud honesta y honrada en la que defiendan a las personas que forman parte» del Cuerpo, pidieron a la Fiscalía que actúe frente a estos hechos, «un auténtico, claro y evidente delito de odio alentado desde las instituciones públicas».