La Fiscalía amplía la investigación a Trapero por el 1-O y volverá a citarlo

La declaración de Trapero ha sido "exculpatoria pero no convincente", según las mismas fuentes, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, solo ha respondido a su abogado porque no ha reconocido la competencia de la Audiencia Nacional "para instruir la sedición". Por su parte, los otros dos investigados, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se han acogido a su derecho a no declarar. Laplana ha alegado causas médicas, al parecer unos vértigos y un cuadro de ansiedad, para comparecer por videoconferencia desde Barcelona.

La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para ninguno de los cuatro investigados. Pero al principio de la vista ha solicitado a la juez la suspensión de los interrogatorios después de que la Guardia Civil aportara un nuevo informe "de 300 folios" que amplía los indicios contra los investigados hasta el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, la magistrada Lamela se ha negado a cancelar las declaraciones aunque la Fiscalía haya alertado sobre posibles nulidades e indefensión.

Fuentes jurídicas han explicado que el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, volverá a pedir la citación de los encausados a la vista de los nuevos indicios aportados por la Guardia Civil, que podrían suponer además la investigación de "alguna persona más, pero que no son autoridades". La próxima semana habrá novedades al respecto.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número tres acordó estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía, en la que pedía informes a la Guardia Civil para identificar a las personas que pudieron promover estas concentraciones tumultuarias destinadas a entorpecer el mandato del juez de Barcelona que autorizó los registros contra el supuesto núcleo organizador del referéndum (en total 20 investigados y 14 detenidos).

En su auto, la juez expuso que estos actos podrían ser constitutivos de delito de sedición al ir «dirigidos a romper la organización territorial del Estado» y declaraba a la Audiencia Nacional competente para su investigación, ya que estos hechos podrían atentar además contra los bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno.

Dichas concentraciones se saldaron con varios coches de la Guardia Civil destrozados y la imposibilidad de la comisión judicial de abandonar la Consejería de Economía. Buscaban «tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio», quebrantando «el principio de la unidad de la Nación española», añadió la juez.

En esa resolución ya apuntaba a la posible responsabilidad en los hechos de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, quienes alentaron a las masas a continuar con la concentración. «Que nadie se vaya a casa. Será una noche larga e intensa», afirmó Jordi Sánchez subido al coche destrozado de la Guardia Civil, quien llamó a la «movilización permanente» junto a su compañero Jordi Cuixart.

En el caso de Trapero y su intendente Planas, fuentes judiciales explicaron que la motivación de su declaración por un delito de sedición tiene que ver con que no pusieron los medios necesarios para garantizar la seguridad a la comisión judicial de la ‘operación Anubis’. Tampoco impidieron la concentración tumultuaria frente a la consejería.

Además de las peticiones por escrito, los agentes de la Guardia Civil reclamaron en varias ocasiones ayuda a la intendente jefa de los Mossos en la comisaría del Eixample, desplazada a ese lugar desde primera del día 20. Sin embargo, no fue hasta las 14.30 horas cuando se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas, casi cinco horas después de comenzar la concentración en el centro de Barcelona.