Un oficio policial considera «de obligado cumplimiento» limitar las fiestas ilegales

El escrito de dos páginas, al que ha tenido acceso este periódico, recoge que la Policía deberá supervisar la limitación de la movilidad territorial con cierre perimetral de todas las comunidades y ciudades autónomas (salvo las Islas Canarias y Baleares); el control de las restricciones horarias nocturnas desde las 23:00 horas hasta la 6:00 de la madrugada. Y, en tercer lugar, «hacer cumplir la limitación» de la permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos como privados.

En este caso, el primer supuesto son cuatro personas en un lugar cerrado o seis si se trata de un espacio público abierto, como es el supuesto de las terrazas de los bares, mientras que en los domicilios las reuniones se restringirán solamente a los convivientes, según recoge el oficio firmado por el número dos de la Policía Nacional.

Por todo ello, añade el DAO, en coordinación y cooperación con los cuerpos autonómicos y las Policías Locales «se establecerán los dispositivos operativos necesarios para asegurar, en los periodos temporales señalados (entre el 17 y el 21 de marzo y desde el 26 de marzo al 9 de abril), la eficacia y el cumplimiento de las medidas y recomendaciones referidas» por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del pasado 10 de marzo.

La polémica por este oficio llega en lo referente a la actuación policial en las fiestas celebradas en domicilios particulares. Este pasado fin de semana una vídeo corrió como la pólvora cuando los agentes utilizaron un ariete para abrir a la fuerza una puerta de una vivienda del Barrio de Salamanca, en Madrid. Ocurrió después de que los inquilinos del «piso turístico» desobedecieran de forma reiterada a las indicaciones de los agentes para finalizar la reunión nocturna tras el aviso de un vecino del inmueble.

Esta práctica ha sido criticada por varios juristas consultados, que consideran ilegal la actuación policial por tratarse de un «allanamiento de morada» al no contar con amparo judicial. En otros supuestos, recuerdan, los agentes han tenido que esperar a que las celebraciones concluyan y los participantes abandonen la vivienda para identificarles y sancionarles.

En todo caso, las críticas por el derribo de la puerta de entrada sin orden judicial y la posterior detención de nueve personas en Madrid ha provocado la reacción del Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha negado este martes que haya dado órdenes para que los policías entren en domicilios sin la autoridad del juez cuando se estén celebrando fiestas, según señalan fuentes ministeriales. Además, recuerdan que la polémica actuación en el citado piso turístico se encuentra actualmente bajo instrucción judicial.

Hace pocos días se conoció un precedente similar. El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid archivó la causa al dueño de una vivienda por un delito de desobediencia del que había sido acusado por celebrar una fiesta a la que la Policía accedió abriendo la puerta a la fuerza sin amparo judicial. La magistrada acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a uno de los dos detenidos al tratarse de una infracción administrativa leve y no de un delito de desobediencia grave.

En el caso de la vivienda del Barrio de Salamanca, según defienden desde Interior, los agentes actuaron en el marco de la legalidad y recuerdan que el piso al que accedieron «no constituye morada, sino que se trataba de un inmueble turístico al que se estaba dando uso para la realización de una fiesta ilegal». Asimismo, explican que uno de los detenidos solicitó un 'habeas corpus' por presunta detención ilegal, pero este fue desestimado por la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid en un auto. Una circunstancia que avalaría, señalan, la actuación de los policías.

En este sentido, la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez Blanco, ha considerado este martes «que existe base legal suficiente» para que la Policía entre en domicilios sin orden judicial para disolver fiestas. En declaraciones a Europa Press, Vázquez defiende que este tipo de actuaciones por parte de los agentes están avaladas por las leyes y la Justicia. Para ello, argumenta que la entrada en los domicilios forzando la cerradura está amparada ante casos de «delito flagrante de desobediencia grave o resistencia a los agentes», es decir, si alguien se niega a abrir la puerta para que la Policía proceda a su identificación.