España y Marruecos pactan la devolución de 700 menores acogidos en Ceuta desde mayo

El Ministerio del Interior envió la orden tres días antes a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a través de una misiva en la que se aseguraba que el objetivo de la operación era garantizar la reunificación de los menores con sus familias en Marruecos o, en el caso de que esto no fuera posible, facilitar su entrega al centro de menores de Martin, cerca de Tetuán. De todos ellos, unos 200 tienen menos de 16 años y se encuentran en edad de escolarización. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se comprometieron con el Ejecutivo ceutí a que L'Entraide Nationale, un organismo público de derechos sociales, velaría por la seguridad de los niños durante todo el proceso.

El dispositivo se iniciaba en torno a las 13:00 horas del viernes con el traslado en autobús, en grupos de 15, de los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia, uno de los recintos habilitados por las autoridades de la ciudad autónoma tras la entrada masiva en mayo, que se saldó con el cruce a nado y a pie de más de 10.000 ciudadanos marroquíes. La operación de repatriación, sin embargo, no incluirá a los menores considerados «vulnerables».

Pero este movimiento no ha gustado a las ONG, que dudan de la legalidad del mismo. Desde Save The Children ya habían advertido de que la repatriación de estos menores solo sería viable «en casos concretos». «Como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y además estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible», alertaba su director, Andrés Conde.

También se han quejado los socios de coalición del PSOE. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que controla la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cargan contra la decisión asegurando que llevan «meses» poniéndose «a disposición» de Interior para «trabajar un protocolo de reagrupación familiar» de estos menores. Siempre sin respuesta, aseguran.

La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado. El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares pero, en plena tensión diplomática, Rabat se negaba a colaborar, alejando incluso a los padres de la valla fronteriza. Una situación que desde este viernes ha dado un giro.

El deshielo de las hostilidades entre Madrid y Rabat comenzó el pasado 12 de julio, cuando José Manuel Albares recibió la cartera de Exteriores de manos de su antecesora, Arancha González Laya. Los medios de comunicación marroquíes interpretaron el relevo como un gesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Marruecos y valoraron positivamente la marcha de la anterior ministra, a la que señalan por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a finales de abril para tratarse de la covid-19 en un hospital de Logroño, en el que fue internado con una identidad falsa.

Aquel fue el desencadenante de una crisis diplomática que comenzó hace tres meses y tiene la soberanía del Sahara Occidental como telón de fondo. En Marruecos no sentó bien que España no informara de la entrada de Ghali en territorio nacional y Rabat llamó a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, a consultas. Todavía no ha regresado.

Sin embargo, aún se desconoce si esto supone la vuelta a la normalidad diplomática o es solo un acuerdo puntual. En cualquier caso se trata de un avance. Albares ya pidió «tiempo» hace dos semanas para retomar las relaciones con el vecino del sur y reconoció que su objetivo era crear un marco de diálogo con el fin de evitar que estas crisis sean crónicas.