Interior mantiene el plus salarial para las fuerzas de seguridad en el País Vasco y Navarra

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no se plantea acabar con este plus salarial de peligrosidad, instaurado en 1980 por el Gobierno de Adolfo Suárez. A pesar de que desde 2011 la banda terrorista puso fin a su actividad, el Ministerio, con el respaldo de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, «no se plantea la posibilidad de supresión de dicho incentivo en el futuro».

Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que precisa que son 3.508 los guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra, y 1.839 los policías. Los agentes de ambos cuerpos cobran el mismo «complemento de zona conflictiva» e Interior destina cada mes 2,3 millones para la Guardia Civil y 1,2 millones para la Policía Nacional. Además de los integrantes de las fuerzas de seguridad, cobran un plus de 167,58 euros al mes los 205 funcionarios en ambos territorios ajenos a los cuerpos policiales y 101,58 los 12 del personal laboral.

El Ministerio del Interior va a mantener el plus a pesar de que un informe de auditoría externa de la consultora Ernst&Young contratado por Grande-Marlaska aconsejó en julio pasado suprimirlo ante «el significativo cambio» acaecido tras la disolución de ETA.

El último atentado mortal de la banda terrorista en Euskadi data del 19 de junio de 2009, cuando asesinó al inspector Eduardo Puelles en la localidad vizcaína de Arrigorriaga con un artefacto explosivo en su coche. En Navarra, hay que remontarse al 30 de mayo de 2003, ese día acabó con la vida de dos guardias civiles en Sangüesa mediante una bomba lapa en su vehículo.

Junto a este complemento salarial, los guardias civiles en el País Vasco y Navarra gozan de 11 días más de vacaciones que los 30 estipulados para todos los funcionarios del Estado, y tres días adicionales de permiso para asuntos particulares. Los policías gozan de un régimen más favorable porque pueden tener unas vacaciones extra que no pueden «exceder de un máximo de 30 días al año».