El inspector que destapó a Villarejo recurre el cierre de la causa por corrupción policial

Con el respaldo de la fiscal Cristina Jiménez Casso, la titular del Juzgado de Instrucción número 49 no solo no ha admitido testificales ni elementos documentales, sino que también ha hecho caso omiso a la aplicación de la directiva europea que protege a los denunciantes de corrupción.

Esta normativa persigue el acoso contra estas personas y será reforzada en un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. Además, supone que se invierte la carga de la prueba -el querellado tiene que demostrar su inocencia- y garantiza la investigación de los actos objeto de represalia contra quien denuncia.

En el caso del inspector López, la juez y la fiscal obvian que el objeto de la querella es precisamente la investigación de una trama de corrupción policial y que los investigadores del 'caso Nicolás' han sido supuestamente perseguidos y defenestrados por sus mandos. Entre ellos están denunciados el director general de la Policía con el PP, Germán López, o el director operativo Eugenio Pino por orquestar una supuesta campaña de desprestigio y boicotear el trabajo del equipo tras destapar a Villarejo dos años y medio antes de ser detenido.

El denunciante recogió en sus informes estos hechos y mencionó la vinculación de otros responsables con las actividades privadas del comisario, caso del presunto encubrimiento del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que elaboró un informe interno que avaló la compatibilidad de las sociedades de este.

Por todo ello, López fue presuntamente coaccionado por sus superiores para detener las pesquisas, tal y como recoge la querella interpuesta en septiembre de 2018 y ampliada en marzo de 2020, que ordenó investigar la Audiencia de Madrid tras el rechazo inicial de la juez Bustos.

El asunto no se quedó ahí, ya que el grupo investigador fue apartado tras el cambio de magistrado en el Juzgado de Instrucción número dos de Madrid, donde se sigue el 'caso Nicolás'. Incluso la hoy titular, Pilar Martínez Gamo, les llegó a imputar en 2017 por retardo malicioso. Tras esta decisión el inspector pasó a custodiar calabozos.

Pese al mandamiento de la Audiencia, la juez Bustos ha restringido los interrogatorios a los denunciados, no ha dejado preguntar por cuestiones de otras causas que se solapan y ha rechazado incorporar elementos de prueba tan relevantes como las agendas personales intervenidas a Villarejo. Las mismas que recogen datos que confirmarían los nuevos audios conocidos ahora sobre Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal.

Estas anotaciones, según adelantó este periódico en febrero de 2021, reflejan los seguimientos que se hicieron al grupo del López e, incluso, al primer juez del 'caso Nicolás', Arturo Zamarriego, con un objetivo: torpedear las pesquisas y buscar el archivo para proteger a Villarejo.

En suma, cuatro años después de la presentación de la querella la juez la despacha con la sola práctica de la declaración de los investigados, resuelve que los delitos se imputan de forma genérica y no atiende a la directiva europea de obligada aplicación. Según el recurso, incumple además la orden de la Audiencia de Madrid con evidente «falta de esfuerzo investigador, análisis y motivación» y no se preocupa ni en comprobar si la asociación Transparencia y Justicia, dirigida en la sombra por Villarejo, se personó para instrumentalizar el caso, como también ocurrió con el incidente de tráfico de Aguirre.

La instructora tampoco ha querido indagar si se colocaron cámaras ilegales en la vía pública para seguir a los investigadores de Asuntos Internos. Un asunto por el que deberían haber respondido los querellados Pedro Agudo y Félix Saavedra, pero no fueron citados.

En cambio, sí fue interrogado como testigo el antiguo jefe de Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, qe dio una estocada al grupo entre sospechosas sobre su labor. El comisario principal compareció ante la juez Bustos con obligación de decir verdad y contradijo al exdirector adjunto operativo Florentino Villabona, al admitir que el cese de los investigadores del 'caso Nicolás' vino ordenado por sus superiores. Migueláñez, ya jubilado, es el mismo oficial al que el Ministerio del Interior condecoró con una medalla remunerada y que un juzgado ha anulado ahora por incumplir la ley.