Muere el fiscal general del Estado por una infección generalizada en Buenos Aires

Relevó en el cargo a Consuelo Madrigal y fue una de las primeras decisiones que adoptó el Consejo de Ministros en la segunda legislatura de Mariano Rajoy. El próximo sábado, 25 de noviembre, iba a cumplir un año en el cargo, doce meses de controvertida trayectoria. Fue recusado por el Congreso el 16 de mayo pasado, solo el PP votó en contra, por injerencia en la labor de los fiscales en la investigación del 'caso Lezo', una trama corrupta de altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, entre ellos su expresidente Ignacio González. Fue una decisión inédita porque el Legislativo nunca antes había sido reprobado a un fiscal general. En aquella decisión apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la citada excepción del popular, también influyó el nombramiento del polémico fiscal Anticorrupción Manuel Moix, que también fue recusado por el Congreso y que dimitiría poco después por unos extraños negocios en Panamá, así como el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Aquel revés, sin embargo, no amilanó a Maza, que puso su foco de atención en el desafío independentista de Cataluña. Durante la inauguración del último año judicial, el 5 de septiembre pasado, prometió ante la flor y nata de los togados españoles una actuación «firme y enérgica» ante la «sinrazón» del independentismo en Cataluña y garantizó que ante el riesgo de fractura de España «no caben vacilaciones de clase alguna».

Hizo honor a sus palabras y el 30 de octubre, tres días de que el Parlamento catalán aprobase la declaración de independencia, presentó en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dos querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos contra el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus 13 consejeros, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara. Reclamó además que se les impusiera una fianza de 6,2 millones de euros. Maza consideró que alentaron un «movimiento de insurrección activa entre la población» para la secesión de Cataluña.

Se había convertido en una bestia negra para los independentistas catalanes y en el ariete legal del Gobierno contra el proceso secesionista. Uno de sus colaboradores escribió, pero se olvidó de borrar, en la querella la frase «más dura será la caída», comentario que ilustra del ambiente que se respiraba en la Fiscalía General del Estado ante el reto separatista. La oposición siempre le reprochó que ese celo ante el proceso independentista de Cataluña no lo hubiera tenido en los casos de corrupción que afectaban al PP.

Maza, fiscal y juez conservador con una trayectoria de más de 40 años, llegó a ser magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cima de la carrera judicial, y también alcanzó la cúspide de la fiscal. Rajoy se fijó en él para dar un giro de 180 grados al Ministerio Público tras el paso de Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, demasiado condescendientes, según la queja en privado de altos dirigentes del PP, con el soberanismo catalán y que habían permitido una excesiva autonomía a los fiscales Anticorrupción. Maza llegó resuelto a poner orden en la carrera y a no dejar pasar ni una al Gobierno y al Parlamento catalanes.