Qué dijeron las partes en los informes de los indultos del 'procés'

En líneas generales, la respuesta del Ministerio Público y de la Sala Segunda (Penal) del Supremo mostraron su rechazo frontal a la concesión de la medida de gracia. El tono de rechazo de los cuatro fiscales que defendieron la comisión de un delito de rebelión fue bastante más duro que el del presidente del tribunal, Manuel Marchena. La Abogacía, por su parte, no entró en el delito de sedición y valoró únicamente la malversación de caudales públicos, mientras que el preso Cuixart consideró que la única solución para solventar el «conflicto político» era la concesión de la «amnistía», es decir, un perdón total de los hechos probados.

La Fiscalía presentó su informe en diciembre pasado. Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Javier Moreno se opusieron a los indultos porque entendieron que no existía «ninguna razón admisible en derecho» que los justifique ni había «arrepentimiento» de los condenados. Sostuvieron que conceder la gracia supondría privilegiar «al gobernante desleal y corrupto», no había además «aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito» y tampoco apreciaron que hubiera «propósito de no reincidir».

Se trató de un documento que el Gobierno consideró demoledor y que la vicepresidenta Carmen Calvo permitió discutir, sobre todo el argumento de que el indulto no puede utilizarse «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».

La Abogacía del Estado esperó a que pasaran las elecciones catalanas de febrero para emitir su dictamen el pasado 30 de marzo. No se opuso al indulto pero tampoco entró al fondo del asunto sobre la sedición. Se lavó las manos y se limitó a reseñar que los condenados habían consignado en el Tribunal de Cuentas los 4,12 millones de euros malversados, según el Supremo, para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Es decir, habían resarcido su responsabilidad económica.

El Supremo, como las peticiones estaban firmadas por terceros, recabó después la opinión de los acusados. Solo dos contestaron al oficio remitido por el presidente de la Sala porque temían que fuera «una trampa». El presidente de la asociación Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, mantuvo que no había cometido ningún delito y que, por lo tanto, no sentía ningún arrepentimiento. Y se refirió a los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional que están viendo sus recursos contra la sentencia del Supremo. «Han considerado vulnerados nuestros derechos fundamentales», recordó.

Más cauto, Santi Vila, condenado por un delito de desobediencia a penas de inhabilitación y multa, señaló que aceptaba lo que el tribunal considere informar al Gobierno y no hizo mención a cuestiones políticas ni tampoco a la petición de la amnistía.

Finalmente, con todos estos informes el tribunal juzgador elaboró su propuesta no vinculante para el Gobierno. La ponencia de Marchena se pronunció en contra de la concesión de cualquier medida de gracia, total o parcial, al no apreciar razones «de justicia, equidad y utilidad pública». El escrito consideró que no se había vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento y que los argumentos para los indultos desenfocan el sentido de la medida, «porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia».

El tribunal destacó que no puede hacer constar en su informe «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento». «El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra, y en sus posteriores declaraciones públicas, es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autoriza la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía», subrayó el escrito.

El informe citó expresamente a Cuixart, cuyas palabras son para el tribunal «la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, pulverizan las bases de la convivencia y convierten en ineficaces las resoluciones judiciales de un determinado territorio», concluyó el tribunal juzgador.