El Gobierno revindica la potestad del indulto y apela a la «concordia»

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, todavía tiene que preparar los expedientes de los doce reos y elevar una propuesta sobre cada uno de ellos al Consejo de Ministros. No hay plazo formal para ello, pero en la Moncloa apuntan a la segunda quincena de junio o incluso julio. Entretanto, el Gobierno, plenamente consciente de lo impopular que puede resultar la medida incluso para su electorado, intentará que el relato que ya ha empezado a construir para hacer más digerible su decisión vaya calando. Sánchez, por lo pronto, insistió este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo. «La Constitución recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia; hay un tiempo para el castigo –adujo– y un tiempo para la concordia».

El planteamiento tiene algunas aristas. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, replicó en una intervención el Foro de Justicia ICAM, que como medida e concordia el indulto puede ser, efectivamente, «aceptado e incluso entendido». «Cuando no hay concordia –matizó, no obstante, en clara alusión a la actitud que mantienen tanto los condenados como el Gobierno independentista de Cataluña– es difícil de aceptar». El propio presidente aseguró en octubre de 2019, al conocerse la sentencia un mes antes de la elecciones, que garantizaría el cumplimiento «íntegro» de las penas. Y eso da munición a la oposición, ya en pie de guerra, para cuestionar sus verdaderas razones.

El líder del PP, pero también Vox y Ciudadanos, dieron por hecho este miércoles que es la dependencia parlamentaria de los soberanistas y su ambición de permanecer en el poder, no el «interés general» como proclama el Gobierno, lo que ha llevado a Sánchez a defender lo contrario de lo que dijo hace año y medio. Él lo negó. «Le puedo asegurar –replicó a Pablo Casado en el pleno del Congreso– que tomaríamos la misma decisión si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños».

Lejos de dar marcha atrás, además, Sánchez pasó a la ofensiva e incluso llegó a culpar a los populares de la dimensión del desafío soberanista en 2017. «A quien le hicieron un 1 de octubre no fue a este Gobierno progresista sino a un Gobierno del PP», disparó. «Usted mismo antes de las elecciones catalanas del 14-F recordaba que la gestión que hizo su Gobierno fue un desastre», recordó.

Casado ya fue muy duro antes de conocer el criterio del Supremo y, además de insistir en que recurrirá la concesión de los indultos si se produce sin arrepentimiento de los condenados (algo que, en sentido estricto, no exige la ley), advirtió al presidente con un vaticinio que prueba hasta qué punto los populares también ven en este debate una oportunidad electoral: «Será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional».

Tras hacerse público el informe del tribunal, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, también insistió en esa idea. «Sus socios de investidura le han dicho que puede elegir entre la vergüenza y las elecciones –dijo en referencia a la posibilidad de tener que optar por un adelanto ante la falta de estabilidad parlamentaria–. Ha elegido vergüenza, pero perderá la vergüenza y las elecciones».

Vox , mientras tanto, no solo anunció su propio recurso sino movilizaciones en las calles, algo que en principio los populares descartan, en parte porque creen que ese tipo de acciones conjuntas benefician más al partido de Santiago Abascal que a ellos. Más allá de las actuaciones concretas, en todo caso, los tres partidos de la derecha coincidieron en el argumento de que ningún Gobierno «digno» debería proceder a un indulto en estas condiciones. «Sería una infamia y una humillación a los catalanes no separatistas», concluyó la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.