Una independencia de otro planeta

Diada. El 11 de septiembre se celebra el día de Cataluña, convertido en los últimos al la gran fiesta del independentismo. Lo que se celebra es una derrota, la caída de Barcelona a manos de las tropas de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Pero para el soberanismo fue la ‘Guerra de Secesión’, en la que España aplastó las ansias democráticas de una futura Cataluña independiente. Los libros de historia dicen lo contrario. Cataluña apoyo en la contienda al otro pretendiente al trono, el archiduque Carlos de Austria. No fue una guerra entre españoles y catalanes, sino entre partidarios de uno y otro rey.

La mayoría quiere la independencia. Nunca ha ocurrido. Al preguntar a los catalanes si se sienten independentistas, algo menos de un 35% de ellos responden afirmativamente, según la última encuesta del Centre de Estudis d’Opinió que encargó la Generalitat. Aunque el resultado electoral de 2015 avaló el proceso soberanista impulsado por Junts pel Sí y la CUP, que sumaron 72 de los 135 escaños y cerca del 47% de votos, mostró un punto débil evidente: la mayoría de los catalanes no votó por la independencia. Tampoco el 1-O, pese a que Puigdemont proclamó que «el pueblo de Cataluña decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores». Según los datos de la Generalitat, ese día votaron 2.262.424 millones de personas, una participación inferior a la mitad de la población catalana con derecho a voto. El ‘sí’ obtuvo el 38% mientras que la abstención alcanzó el 58% del total.

El derecho de autodeterminación. Los soberanistas han argumentado insistentemente que el derecho de autodeterminación les ampara ante la negativa del Gobierno a autorizar una consulta. «El derecho a decidir es un derecho universal que tienen todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos», clamó Carme Forcadell el 26 de septiembre. Ese mismo día, más de 400 de los 550 profesores de Derecho Internacional de toda España firmaron un manifiesto en el que recuerdan que solo «los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras». Ninguno es el caso de Cataluña.

Los bancos nunca se irán de Cataluña. Se aseguró bajo la creencia de que el dinero no entiende de política y las entidades financieras van a lo práctico, que es hacer negocio allá donde están asentadas. «Que no nos traten de tontainas. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña», arguyó Artur Mas en 2015. Tras la consulta del 1-0, Banco Sabadell anunció su salida y se domicilió en la antigua sede de la CAM en Alicante; CaixaBank hizo lo propio en Valencia.

El expolio fiscal. Uno de los argumentos –casi siempre el central– esgrimido por los movimientos separatistas es el déficit de recursos públicos que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, cifra en 16.000 millones: un peso sin el cual «Cataluña tendría el mayor superávit del mundo occidental». En realidad, se refiere a la diferencia entre lo que ingresa la comunidad en impuestos y lo que recibe del sistema común para los gastos: pero no son 16.000 millones, sino menos de 10.000 millones, según los últimos cálculos de Hacienda, muy por debajo, por ejemplo, de los 19.000 millones de déficit fiscal de Madrid, o del que tienen la Comunidad Valenciana y Baleares. Incluso el predecesor de Junqueras como responsable económico, Andreu Mas Colell, lo redujo en 2015 a apenas 2.409 millones. En cualquier caso, la heterogeneidad de términos puede confundir al contribuyente catalán: si su comunidad se independizara tendría que asumir millonarias partidas en materias como Defensa o Exteriores, entre otras, que ahogarían las finanzas de la nueva república.

Reconocimiento internacional. «Si no te reconoce nadie, la independencia es un desastre». La frase es del propio Artur Mas y, en efecto, sin reconocimiento un aspirante a estado es un paria internacional que se queda fuera de la ONU o de cualquier otro organismo global. No obstante, el independentismo cuenta con entrar en la escena internacional por la puerta grande. Un camino para lograrlo es, según el eurodiputado convergente Ramón Tremosa, la conocida como vía eslovena. «Al cabo de seis meses de negociaciones, donde la otra parte ni se sentó a la mesa, empezaron a caer los reconocimientos internacionales», señaló Tremosa el pasado 9 de octubre. La cuestión es que ni España es Yugoslavia, país que en 1991 se encontraba en plena descomposición, ni Cataluña es Eslovenia. A día de hoy, solo el presidente venezolano Nicolás Maduro ha insinuado que estaría dispuesto a reconocer la nueva república. Y lo ha hecho más por fastidiar al propio Mariano Rajoy que por ayudar a la independencia de Cataluña.