La Fiscalía recurre e insiste en que los incidentes de Pamplona fueron terrorismo

En el recurso a la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Nacional presentado ante la Sala de Apelaciones de este tribunal, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal José Perals insiste en que el delito de desórdenes públicos al que fueron condenados los jóvenes debería haberse calificado como terrorista, lo que aumentaría sus penas hasta los 7 años de prisión.

La marcha fue convocada por el grupo autodenominado 'Errepresioari Autodefentsa' y en ella se arrojaron piedras contra la Policía Nacional, se reventó un cajero y se dañaron comercios y contenedores.

La sentencia sostiene que no ha quedado acreditado que los acusados actuaran «con la protección o amparo de la organización terrorista ETA o de ninguna otra», pero el fiscal afirma que lo ocurrido no fue «una simple algarada o unos desórdenes públicos comunes realizados casualmente por un grupo de jóvenes».

Al contrario, añade, «fue una actuación planificada y organizada con una finalidad terrorista y para sembrar el caos y alterar la paz pública en el centro de la capital de la Comunidad Foral de Navarra, y quienes intervinieron en los mismos lo hacían siguiendo las directrices del entramado de la organización terrorista ETA que, en marzo de 2017, no se había autodisuelto».

Para apoyar su tesis terrorista, el fiscal destaca que la sentencia considera probado, entre otras cosas, que la marcha «fue convocada por la izquierda radical abertzale», que los asistentes gritaban consignas en euskera como «La lucha es el único camino», «Viva ETA» o «Presos vascos» y que los acusados acudieron a ella desde Errenteria (Gipuzkoa) y tomaron parte en los actos violentos.

«A pesar de que se concluye que los acusados no actuaban amparados por ETA ni por ninguna organización terrorista, todos los antecedentes anteriores de tales hechos probados desmienten dicha afirmación», dice el fiscal.

Según su tesis, ETA ha sido un entramado muy complejo con muchos frentes y en marzo de 2017 la organización «no se había disuelto ni había anunciado tal posibilidad, existiendo numerosos integrantes de la organización, unos en prisión, pero también muchos otros en libertad, que si no seguían cometiendo actividades terroristas era única y exclusivamente por la actuación de las Fuerzas de Seguridad».

Explica que una parte de la estrategia de ETA fue organizar el llamado «terrorismo de baja intensidad», con acciones que garantizasen «un ambiente de coacción e inestabilidad en la población», y pone como ejemplo las condenas del caso Segi.

En el momento en que estas organizaciones juveniles fueron perseguidas por la justicia, explica el fiscal, procedieron a disolverse, «es decir, que se blanqueaban para seguir delinquiendo», con lo que se sustituyeron unas por otras manteniendo la misma finalidad: «el ejercicio de unas ideas políticas mediante el ejercicio de la violencia».

«Los actos vandálicos del 11 de marzo de 2017 tenían una finalidad concreta, crear un clima de temor, miedo y, finalmente, terror entre la población. Y la finalidad es la misma de siempre, los objetivos de la organización, entre los que se hallan dos de los puntos de las alternativas o 'programas' de ETA: la 'defensa del trabajador vasco' y la 'amnistía de los presos' de ETA, que era lo que se publicitaba» en la marcha, añade.

El recurso se ha presentado el mismo día que el recurso contra la condena de la Audiencia Nacional a los ocho agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), los cuales, en contra del criterio del fiscal José Perals, tampoco fueron sentenciados por terrorismo.