La jueza investiga a una de las profesoras que firmaron el acta manipulada de Cifuentes

La titular del juzgado de Instrucción número 51 tomó la decisión ayer tras ampliar la causa que sigue por presunta falsedad en documento público para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo final de Cifuentes. Entre las incógnitas figura el hecho de que Calonge no sólo modificó las notas sin pertenecer a la unidad competente para hacerlo, sino que lo hizo «sin autorización y sin comunicación previa ni posterior al jefe de servicio de dicha unidad», según alegó el rector Javier Ramos el pasado 13 de abril para abrirle expediente disciplinario.

En el caso de Rosado, cuya firma es la única que no está falsificada en el acta, tendrá que explicar las circunstancias en las que se realizó el citado documento así como el escrito por el que se convalidaron tres asignaturas a una decena de alumnos, incluida la dirigente del Partido Popular.

Las dos tendrán que comparecer ante la jueza el próximo 10 de mayo. Ese mismo día también están llamadas a declarar en calidad de testigos Alicia López de los Mozos y Clara Souto, las otras dos profesoras cuyas firmas aparecen en el acta falsificada del trabajo final de máster de Cifuentes. También lo harán Pilar Trinidad Núñez, la jefa de Inspección de Servicios de la universidad, encargada de investigar internamente el caso del máster, Sergio Pulido y José Antonio Lobato Moreno. Este último es el responsable de los posgrados del centro, la persona a la que Calonge debía de haber informado cuando modificó las notas.

Fue López de los Mozos quien ratificó en su declaración ante la Policía que su rúbrica en el documento que mostró la expresidenta para defender la legalidad de su título posgrado era falsa y que ella no presidió ni integró el tribunal ante el que supuestamente compareció ésta en julio de 2012.

La docente también aseveró a los investigadores que tiene grabaciones que demuestran que el director del curso, Enrique Álvarez Conde, la coaccionó para que participara en el engaño del documento que debía acreditar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid culminó sus estudios y que la amenazó con sabotear su carrera en el centro madrileño. El también catedrático de Derecho Constitucional llegó a admitir que había hecho una «reconstrucción» del acta del tribunal que supuestamente había calificado el trabajo de Cifuentes.

Álvarez Conde, hasta ayer el único investigado, declarará el próximo 6 de junio por un delito de falsedad documental, tras admitirse a trámite la querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca que asegura que su firma fue falsificada para convalidar asignaturas de la política popular. También lo harán doce testigos, entre ellos Clara Souto de nuevo, Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público, el profesor de la Universidad de Valladolid Alfredo Allué, que impartió clases en el máster, y además nueve alumnos del postgrado.