Imputan a ocho mandos de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en Barcelona

El juez detalla que, atendiendo a una resolución de la Audiencia de Barcelona que le ordena investigar las «concretas órdenes» recibidas por los agentes que actuaron el 1-O en Barcelona, procede citar como imputados a los mandos «directamente responsables de las operaciones concretas» en cada uno de los 27 centros objeto de su instrucción.

Los mandos son citados en calidad de investigados «para salvaguardar su derecho de defensa», precisa el juez en la providencia.

El magistrado cita en concreto para los días 9 y 11 de octubre a los ocho inspectores jefes, que fueron los que estuvieron al mando de los dispositivos de la Policía Nacional para impedir la votación en 27 puntos de votación.

Se trata en concreto de los colegios Jaume Balmes, Ramon Llull, CEIP Diputació, Prosperitat, Centro de Formación de Adultos Freire, Tibidabo, Aguamarina, Victor Català, Agora, Tomas Moro, Escuela oficial de Idiomas, CAP Guinardó, Mare Nostrum, CEIP Mas Casanovas, Escuela Mediterránea, IES Pau Claris, Escuelas Pias Sant Antoni, Estel, Joan Fuster, Fundación Trini Jove, Serveis Centrals d'Ensenyament, CEIP Dolors Monserdà, Projecte i Escola Infant Jesús, Els Horts, IES Joan Boscà y CEIP Pau Romeva.

Algunos de los mandos imputados ya comparecieron ante el juez para declarar en su momento por su actuación policial en alguno de estos centros, si bien ahora deberán acudir nuevamente al juzgado para dar cuenta de las órdenes que dieron a los agentes bajo su mando sobre el terreno en cada uno de los colegios de los que se hicieron responsables.

En un auto del pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona resolvió a favor del Ayuntamiento de Barcelona y concluyó que era necesario investigar a los responsables del operativo y las consignas que dieron a los agentes para que el instructor pudiera «ponderar» si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas «se ajustaron o no a la situación» planteada y concluir si a los mandos se les podían imputar las lesiones ocasionadas.

Según la sección tercera de la Audiencia, se debe llevar a cabo una «completa investigación» de lo sucedido el 1-O para dilucidar si la actuación policial «se limitó a cumplir lo estrictamente ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, empleando la mínima fuerza indispensable, o bien hubo una utilización desproporcionada de la violencia, ya que, en ese caso, ésta no vendría amparada por el cumplimiento de una orden aún cuando esta sea judicial».

«A sabiendas de que la actuación de los agentes antidisturbios suele ser contundente, no por ello podemos otorgar una especie de patente de corso para cualquier acción de violencia cuando esta resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder», sostenía la Audiencia, que justificaba así que se investigue si el uso de la fuerza venía amparado por el mandato judicial o bien fue «desproporcionado o innecesario para el fin perseguido».

El concejal de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, que ejerce la acción popular en la causa, ha destacado que por primera vez los mandos policiales son imputados «por las órdenes que dieron y no por las actuaciones desproporcionadas en la que intervinieron».

«Desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido que los que dieron las órdenes tienen una responsabilidad penal que se debe dirimir», ha subrayado Serra en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.