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Madrid
Miércoles, 19 de julio 2017, 01:53
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se ha limitado a dar este miércoles al juez del caso 'Lezo', Manuel García Castellón, su versión sobre los hechos que se le imputan y sobre los que ya se ha levantado el secreto, sin pedir en ... esta comparecencia su libertad, que más adelante tiene previsto solicitar su defensa.
Según han informado varias fuentes jurídicas presentes en la declaración, González, que mostraba un aspecto "desmejorado", no obstante ha afirmado ante el juez que en su caso no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y "mucho menos" de reiteración delictiva.
La declaración se ha prolongado desde las 11.15 horas hasta las 13.00 y fue solicitada por su defensa, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser detenido, ni él ni su letrado conocían los motivos que les llevaron a ingresar en prisión provisional, el pasado 21 de abril, por estar entonces toda la causa secreta.
Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña Emissao.
La comparecencia de Ignacio González por el caso Lezo coincide con la de su hermano Pablo González, en prisión bajo fianza de 4 millones de euros, si bien este declara ante el juez José de la Mata en relación con la empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso Defex, una empresa semipública.
García Castellón ha citado a González a las 10.00 horas después de que su abogado, Esteban Mestre, solicitara que se le tomara de nuevo declaración, la segunda que prestará desde su ingreso en prisión provisional el pasado 21 de abril.
La semana pasada, Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión provisional, declaró durante cuatro horas ante el juez, al que no llegó a pedir en ningún momento su puesta en libertad o la adopción de alguna medida cautelar que le permitiera ser excarcelado.
La primera en declarar a petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de 4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de prisión.
Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar. Tras la excarcelación de Richmond son tres los investigados en Lezo que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González y Rodríguez Sobrino.
El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaba mantener en prisión incondicional a Ignacio González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio "oculto".
Según recordaba la Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado "en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero" (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
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