La Guardia Civil sospecha que Ómnium usó los servicios de Correos para el 1-O

El informe se realizó a instancias de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ésta lo puso, el pasado viernes, a disposición del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' y mantiene en prisión a los que fueran los dos principales responsables de las formaciones antes citadas durante las fechas investigadas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, "los Jordis".

Entre esos gastos aparecen dos pagos de Ómnium a la Sociedad Estatal de Correos por importe total de 73.985 euros: 27.373 euros el 13 de sepriembre y 46.611 euros el 11 de octubre.

Los gastos totales en mensajería en el periodo analizado suman 88.375 euros. La mayor parte cargada a Ómnium, mientras que otros 14.750 euros fueron gastados por la ANC mediante tres abonos: 362,11 euros por transferencia a Open Buzoneo.com; 4.435 euros a Frank Transport y 9.963 euros a Barna25 Cuourier.

La Guardia Civil expone en su informe que "los servicios prestados por estas sociedades podrían estar relacionados con distinta propaganda del referéndum o con la realización del mismo". Por ello y para "avanzar en la investigación de los hechos", el Instituto Armado plantea al juez la conveniencia de realizar otras diligencias "de índole investigativo" como puede ser la toma de declaraciones a los responsables de las mercantiles que "supuestamente prestaron los servicios descritos".

El posible uso de los servicios de Correos por parte de las asociaciones independentistas chocaría con la circular interna que emitió la dirección de Correos el pasado 24 de septiembre a los directores de las oficinas.

En ella se recordaba que debían abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum ilegal del 1-O que en aquel momento había sido suspendido ya por el Tribunal Constitucional y que debían transmitírselo a todos los trabajadores.

El informe de la Guardia Civil, de 52 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, incide en que el papel de Ómnium y ANC era el de poner a disposición de la causa independentista, a través de movilizaciones, concentraciones o manifestaciones, "una fuerza intimidatoria suficiente que actuara como un brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern y de los diputados independentistas".

Para ello no sólo movilizaban a su masa social a través de redes sociales, sino que apoyaba logísticamente muchas de estas concentraciones. Así, y a través del análisis de sus cuentas bancarias, los agentes han podido determinar que durante el periodo antes señalado -un mes antes del 1-O- la ANC se gastó en autobuses algo más de 300.000 euros, en imprentas y copisterías casi 69.500 euros, en empresas de publicidad cerca de 560.000 euros entre ambas asociaciones o en logística para eventos en torno a 177.000 euros.

A lo largo del documento, la Guardia Civil divide los gastos de las asociaciones en nueve diferentes categorías que van desde los abonos a empresas de autobuses a la mensajería, pasando por seguros, publicidad o imprentas, y concluyen que pudieron estar orientados también a dar soporte a las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre, cuando más de 40.000 personas rodearon la Consejería de Economía de Barcelona impidiendo el trabajo a una comisión judicial en el marco de la 'operación Anubis'.

El informe hace también mención al documento 'Enfocats' intervenido al Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que vendría a ser como una 'hoja de ruta' del independentismo y fija, según los investigadores "los pasos que permitirían crear un Estado propio". Así, engloba a "los Jordis" en el comité estratégico planeado en este documento "con una posición decisoria similar a los más altos cargos del Gobierno de la Generalidad".

Se eligió el 7 de septiembre para el inicio del análisis de los gastos de ANC y Ómnium por ser esa la fecha en la que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra la Ley de Referéndum, que quedó en suspenso. Esta fecha, según el informe, permite distinguir entre hechos anteriores y los cometidos por las asociaciones civiles desoyendo la prohibición del tribunal de garantías y "como parte integrante" de la estrategia que concluyó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).