La Guardia Civil sitúa a Aguirre en reuniones donde se habrían amañado contratos en 'Púnica'

Lamela mencionó a la UCO «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta (Esperanza Aguirre), la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y (al empresario) Daniel Horacio Mercado. Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing (sociedad de servicios de Mercado) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su asesor técnico, Germán Rasilla«.

Para la UCO, en esta cita se habría dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales de 2003 y 2007, si bien el testigo no concretó la fecha de esos encuentros.

Se trataba, en suma, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros«. No obstante, no se han localizado facturación de estos trabajos ni la documentación intervenida a Over Marketing.

Además de Over Marketing, los investigadores tienen «constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo» en las que «se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación» a las empresas Traci, Abanico y Link y en las que supuestamente participaron, además de Aguirre, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González.

Granados es el principal político implicado en 'Púnica' y González, en el 'caso Lezo', el presunto saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II que instruye el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2017, el dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, admitió ante el juez que el PP de Madrid le pagó con dinero negro parte de los trabajos de publicidad que hizo en la campaña de 2007 y que el exgerente de la formación, el investigado Beltrán Gutiérrez, le dijo que algunas constructoras le abonarían otro porcentaje de los servicios prestados. Estas empresas eran donantes de los populares madrileños a cambio de contratos públicos.