Granados interpone una querella contra Marjaliza por su presunta vinculación con el narcotráfico

La defensa del exmandatario 'popular' explica en sendas denuncias, a las que ha tenido acceso Europa Press, que a raíz de la investigación abierta contra Granados y otras personas por el 'caso Púnica', entre ellas Marjaliza, se procedió a la intervención telefónica, seguimiento y vigilancia de los investigados.

Escuchas telefónicas que precisamente se utilizaron en el primer juicio de la 'Púnica', que se celebró hace dos semanas en la Audiencia Nacional por el chivatazo que supuestamente dieron dos guardias civiles a Granados acerca de que estaba siendo investigado y en el que el considerado 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, declaró como testigo.

Una vez concluida la vista oral, el abogado del exsecretario general madrileño, José Javier Vasallo, solicitó a la Sección Primera de la Sala de lo Penal el testimonio "íntegro de las transcripciones y las actas" de las sesiones del juicio para poder interponer "las correspondientes acciones penales" al entender que el contenido de estos testimonios y las declaraciones de los testigos reflejan "una infracción penal".

Es decir, que Marjaliza "ha podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros conforme se declaró por los agentes en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, y por razones desconocidas se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial", explica el letrado en el escrito dirigido a la Sección Primera y que reitera en las querellas que se han interpuesto ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.

PREOCUPACIÓN DE MARJALIZA POR SU INVESTIGACIÓN

Según refleja la denuncia penal dirigida contra los guardias civiles -que testificaron en el primer juicio de la Púnica- por el supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos, en uno de los informes redactados sobre los pinchazos telefónicos se expone que Marjaliza llamó a su secretaria, Ana María Ramírez, para comentarle la "vigilancia a la que se ha sometido a su sede social" y la atribuye a que "ha acudido dos veces a verle 'el cojo', un individuo cuyo hermano está en la cárcel por drogas".

En este sentido, el letrado destaca que las intervenciones telefónicas sirvieron para "dar pie a un presunto delito de revelación de secretos" por el que ha sido juzgado Granados -y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión-; mientras que se dejó "al margen intencionadamente" un presunto delito contra la salud pública y blanqueo de capitales "derivada de esta organización".

Y añade que de "todos los miembros" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que declararon en el juicio "admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del señor Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción" y que de sus conversaciones se desprendía que tenía un contacto con el "mundo del narcotráfico".

"A pesar de la existencia de indicios delictivos (*) no consta que los referidos agentes hayan iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público (*)". "Es más --prosigue Vasallo--, conocedores de estos hechos han contribuido y cooperado en los más absoluto de los silencios" para que Marjaliza obtuviera el "perdón tácito" o el "premio a la futura cooperación en todo lo que a la carta se precise o se necesite" en la instrucción que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 6.

En cuanto a los delitos contra la salud pública de sustancias que causa grave daño a la salud, se pide también que se investigue a Eduardo Arellano -empresario que aparece en el sumario de la 'Púnica' por sus negocios con Marjaliza- y Santiago Taraviño.

En los escritos presentados en los juzgados madrileños, se reproduce la transcripción de muchas de las conversaciones que tiene Marjaliza con estas dos personas en las que, según la defensa de Granados, se constata el empleo de un "lenguaje en clave" en las que se refieren a entregas de dinero "de ida y vuelta, bajo la cobertura falsa de supuestos de vehículos" como un sistema de "lavado de fondos negros, o la obtención de ganancias dentro del mundo del narcotráfico".

En relación a Arellano, sobre el que se afirma que es el llamado 'el cojo', se subraya los negocios que hay entre ambos para "ganar un buen dinero y grande", o el intento de intentar pagar la fianza de 90.000 euros alguien al que llaman "el jefe", que fue detenido por la Audiencia Nacional en el aeropuerto de Barajas en agosto de 2014. Sobre Taraviño, el abogado de Granados destaca también sus negocios, en el que alguna vez se lanzaron amenazas.