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cristian reino
Barcelona
Jueves, 1 de septiembre 2022, 17:46
El Departamento de Educación de la Generalitat ha trasladado una instrucción a los centros escolares para que no apliquen el 25% de español en las clases. En concreto, ha enviado una carta a los 27 colegios afectados por sentencias o en espera de decisiones judiciales, ... que tenían la obligación de impartir al menos una de cada cuatro asignaturas en castellano en alguna de sus aulas. Es el caso, por ejemplo de la escuela de Canet de Mar (Barcelona), en el centro de la polémica hace unos meses por la presión que tuvieron que soportar los padres que consiguieron en los tribunales que su hijo reciba el 25% de las asignaturas en español. El Govern ha pedido a estos centros que vuelvan al proyecto lingüístico plenamente en catalán. Según la Generalitat, con la nueva normativa aprobada (una ley y un decreto), no será necesario que de cara al curso próximo, que empieza este lunes, apliquen porcentaje alguno en la enseñanza. «A partir de la semana que viene, ningún aula de este país ni ningún centro educativo aplicará el 25% de castellano», afirmó este jueves de manera categórica el consejero de Educación, Josep González-Cambray.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad que combate en los tribunales el modelo vigente de 100% en catalán, avisó que exigirá «todas las responsabilidades judiciales, en caso de que aquellos alumnos, que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto al catalán, dejen de recibirla».
La Generalitat considera que de momento ha ganado la batalla judicial del 25%. Eso sí, a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Tras la sentencia del TSJC que obligó a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en español, fallo ratificado por el Supremo el pasado mes de noviembre, el Govern puso en marcha una ofensiva legislativa para tratar de esquivar la aplicación de la sentencia. En primera instancia, lo ha logrado. Con el visto bueno del PSC y los comunes, el Govern catalán aprobó una nueva ley lingüística. También un decreto, que no fijaba porcentajes.
El TSJC, que había dado un ultimátum al Ejecutivo catalán para que adoptara las medidas para empezar a cumplir el fallo, admitió que con la nueva normativa la sentencia del 25% es inaplicable. Eso sí, trasladó el problema al Constitucional, que es quien deberá determinar si la nueva normativa del Govern se ajusta a la Carta Magna. PP y Ciudadanos criticaron este jueves el papel del PSC, por su «pacto con el separatismo», y cargaron contra el Gobierno por haber dejado pasar el plazo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, lo que habría podido dejar en suspenso la ley y el decreto aprobados.
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