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Cristian Reino
Barcelona
Martes, 17 de enero 2023, 14:30
El Govern frunce el ceño pero sigue manteniendo que la reforma del Código Penal supone un «gran avance» en la carpeta de la desjudicialización. Eso sí, el Gobierno catalán ha admitido este martes que su margen de actuación se limita al cambio legal y que « ... no puede entrar» en la interpretación que los jueces y fiscales hagan de la modificación penal.
El Govern cree, en cualquier caso, que la reforma del Código Penal, con la eliminación de la sedición y el cambio en la malversación, «ha limitado el poder represivo del Estado». «Se ha conseguido que ya no nos puedan imputar por sedición», ha defendido la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del consejo ejecutivo de la Generalitat. Aunque también ha señalado que «por desgracia, no hay nada que nos sorprenda en el ámbito de la justicia española« y ha admitido que «queda mucho camino por hacer».
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El Govern ha evitado reclamar al Gobierno que ejerza algún tipo de influencia sobre la Fiscalía, pero sí ha situado el recurso de la Fiscalía al auto de Llarena, el propio auto del juez del Supremo y la posición del Ministerio Público en relación a cómo afecta la reforma del Código Penal en la sentencia del 'procés' a una «batalla entre sectores de la justicia española».
En concreto, sobre el escrito de la fiscalía contra Carles Puigdemont, en que endurece el auto de Llarena, ya que también le atribuye el delito de desórdenes públicos agravados, el Govern se ha puesto de perfil y ha asegurado que nunca ha negociado en nombre del expresidente de la Generalitat.
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