ERC y Junts intentan limar diferencias en el Govern antes de que estalle el caso Borràs

La división en el independentismo marcó este sábado la reunión informal que celebró el Gobierno catalán en el Palau de Pedralbes. Pere Aragonès convocó a sus consejeros a unas jornadas de convivencia, las segundas desde que asumió la presidencia, pero no consiguió trasladar una imagen de cohesión, cuando este ejecutivo apenas lleva un año. El independentismo se prepara para semanas de alto voltaje, en el que tendrá que afrontar el caso Laura Borràs, cuyo procesamiento obligará a Esquerra a decidir si apoya o no su cese como presidenta del Parlament.

El pacto lingüístico suscrito entre PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, del que se han desmarcado los de Puigdemont, ha tensionado esta semana al Gobierno autonómico. Más madera entre los dos socios, enfrentados en cuestiones sectoriales y sobre todo en la estrategia independentista y en la pugna por la hegemonía en el campo soberenista. ERC ha virado hacia una vía pragmática y sitúa la mesa de diálogo como la apuesta de la legislatura, mientras los postconvergentes tratan de impedir que los republicanos se consoliden en la presidencia. «Este no es un gobierno normal», admiten fuentes de Junts. En la parte de ERC acusan a sus socios de actuar como los jefes de la oposición. En Junts acusan a ERC de querer echarles del Govern y ponen como ejemplo los ataques lanzados la semana pasada contra Puigdemont por parte de Gabriel Rufián.

El Govern trató este sábado de cerrar filas, pero llegó a un acuerdo muy de mínimos, al afirmar que el acuerdo suscrito por los cuatro partidos para flexibilizar el modelo de inmersión, que por primera vez reconoce al castellano como lengua de docencia, es un «punto de partida» para intentar ampliar el consenso. El Govern dejó la puerta abierta a modificar el acuerdo, pero no aclaró su posición en caso de que los de Puigdemont decidan no apoyar la reforma de la ley. El Govern, incluso, no descartó que la modificación de la ley de Política Lingüística de 1998, con la que intenta esquivar la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano, siga adelante sin el concurso de Junts, lo que escenificaría, de facto, un tripartito (ERC, PSC y comunes) lingüístico.

El otro punto de fricción entre los dos socios en el Govern son los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El Gobierno catalán confirmó este sábado que ya ha cerrado un acuerdo técnico con Aragón y el COE sobre la candidatura conjunta, a pesar de que el Ejecutivo aragonés lo niegue. Pero donde chocan republicanos y postconvergentes es en la consulta que la administración catalana celebrará para decidir sobre si sigue adelante con el proyecto. Las dos formaciones en el gobierno llevan semanas de dura pugna sobre el formato de este referéndum, la pregunta y el ámbito del censo, limitado a las regiones pirenaicas, a pesar de que, por ejemplo, Barcelona también sería sede olímpica. Aragonès presionó este sábado a sus socios para alcanzar un acuerdo y les advirtió de que la semana que viene firmará el decreto de convocatoria de esta consulta.