El Gobierno sostiene ahora que las autonomías podrán confinarse sin alarma

Calvo también desdeñó la advertencia de varios presidentes autonómicos sobre los problemas que puede acarrear estar a expensas de las ratificaciones de los tribunales superiores de justicia, como ocurrió hasta el 25 de octubre, antes de la aprobación de la alarma y replicó, en una entrevista en Canal Sur, que «en el 99%» de los casos la justicia avaló entonces las restricciones acordadas por distintos gobiernos para restringir la movilidad de los ciudadanos. Lo cierto es que esas decisiones judiciales fueron muy dispares ante supuestos similares. Las afirmaciones de la número dos del Ejecutivo no solo han irritado a algunos gobernantes sino que han provocado el estupor de los juristas y de los magistrados del Tribunal Supremo.

La vicepresidenta, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aducen una y otra vez que el pasado marzo el alto tribunal determinó que las decisiones del Consejo Interterritorial son «de obligado cumplimiento» y que eso lo convierte en un instrumento muy poderoso. Este jueves, además, Calvo sostuvo que su margen de actuación es amplísimo. «Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad deambulatoria, y que solo se puede tomar por la vía de una situación excepcional del artículo 116 de la Constitución por afectar a derechos fundamentales, casi todo es posible con las legislación sanitaria vigente, las acciones coordinadas y las ordenes ministeriales», aseguró.

La decisión del Supremo a la que se remite el Ejecutivo, sin embargo, no dice que el Consejo Interterritorial, un órgano meramente consultivo y de coordinación entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad, permita a las comunidades ordenar restricciones de derechos fundamentales, como serían el confinamiento perimetral o la limitación de las reuniones sin el estado de alarma. El propio Gobierno ha argumentado en otras ocasiones que la alarma es el «único instrumento constitucional». que permite limitar la movilidad. Lo hizo, por ejemplo, el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa en mayo pasado y así se justificó también en el decreto vigente.

En el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 23 de marzo, en el se apoya Calvo, los magistrados se limitaban exclusivamente a denegar la suspensión cautelar pedida por el grupo parlamentario Vox del decreto con el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acabó por acatar a regañadientes el cierre de Madrid durante el puente y la Pascua, como había acordado el 10 de marzo el Interterritorial para todas las comunidades, excepto Baleares y Canarias. Sin embargo, no entraron en la potestad o no de la comisión para restringir derechos fundamentales.

«Ningún tribunal puede entrar en cuestiones de fondo durante un recurso de cautelares porque sería prejuzgar. Es un principio básico del Derecho», se ven en la obligación de recordar desde el entorno del Supremo.

El procedimiento aludido, lejos de estar resuelto, se encuentra en sus fase más preliminar (el trámite de alegaciones sobre la legitimidad de Vox para personarse) y en caso de seguir adelante, el tribunal tardará meses, si no años, en resolver. Además, para que el Supremo fije una doctrina en la que pueda confiar el Gobierno tendría que haber al menos dos sentencias coincidentes sobre este asunto (la potestad del Interterritorial para coartar derechos fundamentales vía BOE y sin estado de alarma).

Lo que sí hizo el 23 de marzo el Supremo fue mantener el cierre por considerar fundamentalmente que los recurrentes no explicaban «qué perjuicios irreversibles se producirán de no suspender el decreto». En octubre, además, la misma Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo señaló en un auto que, cuando la Administración General del Estado «ejerza funciones de coordinación» en el Consejo, conforme a la distribución de competencias, el acuerdo que se adopte será «de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto». Pero tampoco en esa ocasión entró a valorar qué tipo de medidas puede o no puede adoptar el órgano de coordinación política.

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, insistió este jueves en que con la finalización del estado de alarma las comunidades autónomas «estarán más indefensas» porque no se ha establecido el marco normativo necesario para que puedan adoptar medidas, un argumento que comparten socios del Ejecutivo como el PNV, EH-Bildu, Compromís o Más País, y reclamó al Ejecutivo que reconsidere su negativa a modificar la legislación ordinaria para evitar una situación caótica.