El Gobierno sostiene que aplicar ahora el 155 en Cataluña sería «inconstitucional»

El 155, empleado por primera y única vez en el otoño de 2017, después de que el Parlamento de Cataluña proclamara la independencia, dice lo siguiente: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

El Ejecutivo insiste en que, hoy por hoy, no hay ningún incumplimiento de la legalidad por parte de las autoridades catalanas y sigue apostando por el diálogo con la Generalitat como la mejor manera de «encauzar» el «conflicto». «El camino es complejo y tiene algunas complicaciones que se muestran a veces, pero hay convicción para seguir ese pasillo político que hemos abierto, porque no estamos en el mismo sitio que hace un año», ha argumentado Celaá.

La presión para intervenir la autonomía catalana proviene, principalmente, de Ciudadanos y del PP de Pablo Casado, que desde hace meses insisten en que hay que volver a tomar las riendas de la Generalitat. Pero algunos barones socialistas han coqueteado también con la idea y este jueves la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos del PSOE, una propuesta del PP en defensa de la unidad de España en la que también se aboga por echar mano de ese recurso excepcional que ofrece la Carta Magna. El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, aseguró después que no ve necesario hacerlo ahora y los suyos esgrimieron que si respaldaron la moción fue porque no hacerlo habría implicado votar en contra de la Transición, a la que también apelaba el texto. «Era una iniciativa trampa», alegan.

La ministra restó hoy importancia al asunto y salió en defensa de sus compañeros de partido. «Lo que dijo (el PSOE extremeño) es que si llegarara vulnerarse la ley sería de aplicación el 155 -argumentó-. No es este el marco de actuación en este momento, en absoluto, pero el mantenimiento de ese marco está vinculado a la vulneración de la ley».

En el independentismo la resolución del Parlamento extremeño causó, sin embargo, gran malestar y se interpretó como una expresión de la catalanofobia que a su juicio existe en el resto de España y una nueva fase del 'a por ellos'. Desde el Gobierno catalán, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, que el jueves se reunió con la vicepresidenta del Ejecutivo español, Carmen Calvo, junto al vicepresident Pere Aragonès, puso en duda la voluntad del PSOE de buscar el entendimiento con las fuerzas secesionistas.

Artadi cree que es incompatible con la voluntad de llegar acuerdos con el soberanismo, que el mismo día en que el Gobierno central y la Generalitat pactaron un comunicado conjunto para crear dos mesas de diálogo con Cataluña, el Parlamento extremeño, con los votos del PSOE, instara a aplicar un nuevo 155. «El PSOE tiene dos almas y debe decidir si va en al dirección de Extremadura o del diálogo», afirmó la portavoz de la Generalitat.

El vicepresidente Aragonès cargó contra el «nacionalismo español» que, a su entender, tiene como única hoja de ruta aplicar el 155 permanente en Cataluña. «La restricción de derechos y libertades en Cataluña es un banco de pruebas para restringirlos en todo el Estado. Hoy es Cataluña, mañana Extremadura», aseguró. En la misma línea, el vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa (JxCat), avisó que la aplicación del 155 de forma indefinida supondría «suspender la democracia» en toda España. Costa aseguró que desde la Cámara catalana no se dice a los demás territorios y gobiernos lo que tienen que hacer.