El Gobierno da el primer paso para recurrir la resolución del Parlament contra Felipe VI

No es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez opta por la vía judicial para responder a decisiones tomadas desde Cataluña. En julio, apenas 74 horas antes de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudiera a la Moncloa a una cita con la que los socialistas aspiraban a «empezar a recuperar la normalidad perdida» anunció y posteriormente presentó un recurso contra una moción de la Cámara autonómica que reafirmaba la declaración de soberanía del 9 de noviembre de 2015, con la que se dio inicio al proceso para «la creación del Estado catalán independiente en forma de república».

Aquel recurso no impidió que el encuentro entre Sánchez y Torra saliera incluso mejor de lo que habían presupuesto los propios asesores del presidente del Gobierno. Lejos de negarse a hablar de nada que no fuera la autodeterminación, como solía ocurrir durante los años de Ejecutivo popular,el presidente catalán, se avino a abrir un diálogo sobre asuntos económicos, sobre infraestructuras o sobre cuestiones administrativas y, a partir de ese momento, se reactivaron, tras siete años de parón, las comisiones bilaterales Generalitat-Estado. Ahora, los socialistas creen que sucederá lo mismo. «Esto no cierra la vía al diálogo», defendió Batet.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, también dio por hecho que este asunto no tiene por qué condicionar las relaciones entre ambas administraciones, a pesar de que el propio presidente del Parlamento autonómico,Roger Torrent, avisó el lunes de que seguirá habiendo resoluciones como la que afecta a Felipe VI, hasta que no haya «una solución democrática y política al conflicto político». «Día a día vamos a naturalizar la situación de coordinación con el Gobierno de Cataluña, aunque la situación -admitió Calvo-no es fácil».

El Ejecutivo ya avisó el jueves pasado de que no se quedaría de brazos cruzados ante la iniciativa contra el Monarca, impulsada por la sucursal catalana de su principal socio de Gobierno, En Comú-Podem, y respaldada por ERC y el PDeCAT. En el Gobierno hay inquietud por el intento de erosionar una figura clave del modelo constitucional español. «Políticamente no fue un acierto votar esa resolución. Es bueno que se respeten las instituciones del Estado, mantener al jefe del Estado de la pugna política», insistió Batet.

Jurídicamente, en la Moncloa admitían hace días tener dudas sobre cómo impugnar una resolución que, según subrayó el propio presidente del Gobierno en la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, es «más declarativa que otra cosa». Sin embargo, se ha entendido que no era posible mirar para otro lado. «No se puede, en un Parlamento autonómico, trazar la forma de Estado de este país; eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico y ha de tener una respuesta política», adujo Calvo en los pasillos del Congreso.

 El viernes el Consejo de Ministros acordará pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo para presentar el recurso y, una vez obtenga respuesta, presumiblemente, dará el paso definitivo. La decisión le valió a Sánchez el reproche de los independentistas. «Debe haber mecanismos donde la sociedad exprese su opinión sobre la Casa Real», argumentó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi. Pero también fue contestada por Pablo Iglesias. El líder de Podemos argumentó que es «legítimo» un Parlamento diga no estamos de acuerdo con lo dicho por el Rey o defender el fin de la Monarquía.