Sánchez pone a su exministra de Justicia al frente de la Fiscalía para asegurarse su control

Su elección, muy controvertida por las polémicas en su etapa de ministra en la que llegó a ser reprobada en tres ocasiones, entronca con el objetivo de rebajar tensiones con la Generalitat y la promesa realizada a Esquerra durante las negociaciones de la investidura de «desjudicializar» el 'procés'. Delgado sustituirá a María José Segarra, quien solo ha estado un año y medio al frente de una Fiscalía que, bajo sus órdenes, se negó a dulcificar los más mínimo las acusaciones contra los líderes de la intentona separatistas de otoño de 2017.

Sánchez ya dio alguna pista sobre sus intenciones este domingo cuando, al explicar desde la Moncloa sus nombramientos ministeriales, aseguró que los cesados, entre ellos Delgado, seguían teniendo su «completa y total gratitud» por «haber contribuido con acierto y con lealtad» a su proyecto.

Esa lealtad de Delgado -que sí se tradujo en que la Abogacía del Estado rebajó la petición de condena de rebelión a sedición en la causa del 'procés' o, más recientemente, en que solicitó al Supremo la salida de la cárcel para que Oriol Junqueras recogiera su acta de eurodiputado- vuelve a serle necesaria en ahora.

La elección de Delgado por parte del Gobierno de coalición, no obstante, sorprende ya que el líder de uno de los dos partidos del Ejecutivo, Pablo Iglesias, llegó a exigir a la futura fiscal general que se «se alejará de la política» por mantener «amistad con un tipejo como Villarejo», después de conocerse en septiembre de 2018 sus vínculos con el polémico excomisario y las «cloacas» de Interior.

Otra de sus polémicas, precisamente, está íntimamente relacionada con la cuestión catalana que Sánchez quiere desjudiacializar. Fue ella la que en agosto de 2018, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, ordenó a su departamento no hacerse cargo de la defensa del instructor de la causa del 'procés', el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuando éste fue demandado por Carles Puigdemont en Bruselas por falta de imparcialidad y de respeto a la presunción de inocencia.

La negativa a defender al juez español frente a las embestidas de Puigdemont provocó la crítica unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales, la petición de amparo del juez ante el CGPJ y una tormenta política. Aquello acabó con ceses (o dimisiones) en el departamento de comunicación del ministerio (al que culpó de las crisis que ella provocaba) y, sobre todo, con una rectificación en toda regla, forzada por Sánchez, que obligó a Justicia a contratar a un prestigioso bufete en Bélgica para defender a Llarena.

La estupefacción en el mundo judicial y fiscal por su designación fue absoluta. Las voces contra su nombramiento por el hecho de que Sánchez no haya tenido reparos a poner al frente de Fiscalía a una diputada del PSOE comenzaron a escucharse desde primera hora de la mañana de este lunes, empezando por las de sus propios compañeros. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha aseguró que la propuesta del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado es «una manera muy clara de indicar» que el Gobierno quiere tener «sometida» a la Fiscalía. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales manifestó su «sorpresa por el nombramiento» y estimó que «no traslada a ciudadanía la apariencia de autonomía del Ministerio Fiscal».

En el mundo judicial, solo la Asociación Progresista de Fiscales, de la que Delgado ha sido destacado miembro, aplaudió su designación por ser «una fiscal preparada que conoce la carrera».

La crítica de la oposición fue unánime. El líder del PP, Pablo Casado, aseguró que con el nombramiento Sánchez pierde «definitivamente las formas y el pudor» porque «ataca la separación de poderes y el Estado de derecho» Casado anunció que su partido recurrirá la designación de la exministra. «En Lledoners ya respiran tranquilos. Justicia va a ser a su medida gracias a Sánchez», apuntó también desde el PP Teodoro García Egea.

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que la designación de Delgado es una «prueba más» del «golpe institucional» del recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el PSOE «se apodere del Estado».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue la encargada de defender la designación de Delgado y negar que con el Ejecutivo quiera con este nombramiento atar en corto a la Fiscalía. «En ningún momento hemos pretendido eso», ha aseveró Calvo en conversación informal con la prensa tras tomar posesión de su cargo en el Palacio de la Moncloa. Calvo puso en valor el perfil de Delgado para este puesto al tratarse de una fiscal de reconocido prestigio, pero admitió que el Gobierno teme de los partidos de la derecha una «oposición irracional» a la gestión de Delgado.

Solo hay un precedente en democracia de un Fiscal General con un pasado de diputado: fue cuando Felipe González designó a Leopoldo Torres en 1990 al frente del Ministerio Público.