El Gobierno da el primer paso para elaborar los Presupuestos del Estado

Si el dirigente de Esquerra Pere Aragonès se presenta en la sede del Ministerio de Hacienda, no lo ha hecho en las últimas convocatorias, será una buena señal para Pedro Sánchez porque mostraría la disponibilidad de ERC a colaborar en la aprobación de las cuentas públicas de este año. Unos números que son los cimientos de la legislatura y los que determinarán la duración del mandato de Sánchez.

El vicepresidente catalán mantiene, por ahora, el suspense. Su decisión dependerá en buena medida de los resultados de la reunión del jueves entre el presidente del Gobierno y Quim Torra, y si fijan un calendario para que se reúna la mesa de diálogo de ambos Ejecutivos. María Jesús Montero se mostró optimista y confió en que «la normalidad institucional sea la nota dominante» a partir de ahora en las relaciones de ambas administraciones.

El Gobierno de Sánchez pretende remitir el proyecto presupuestario al Congreso antes del verano, y confía en contar con el respaldo de las fuerzas que posibilitaron la investidura de Sánchez. En ese cálculo, la colaboración de Esquerra es un elemento capital.

Pero la de Aragonès no será la única incógnita sobre la mesa del Consejo. Los consejeros de las comunidades autónomas esperan que la ministra aporte una solución para el pago de los 2.500 millones de euros que Hacienda adeuda por la liquidación de la recaudación del IVA en 2017, un dinero fundamental para los presupuestos de cada territorio.

La ministra no despejó este martes esa duda en su comparecencia tras la reunión semanal del gabinete y se limitó a decir que el problema se generó por la decisión de su antecesor, Cristóbal Montoro, de modificar los criterios de liquidación de esa recaudación. «No hay ninguna novedad respecto a esta cuestión», apuntó Montero.

El conflicto por esta deuda amenaza con desembocar en una guerra en los tribunales entre las comunidades y Hacienda. De esta refriega solo quedan fuera el País Vasco y Navarra, que recaudan y gestionan todos sus impuestos, y Canarias, que no tiene IVA. El resto de comunidades tienen cuentas pendientes.

Cataluña y Madrid ya han denunciado el impago, y Galicia también ha anunciado que recurrirán a la justicia para cobrar. Pero no son solo las comunidades gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón, regidas por los socialistas, también han anunciado actuaciones judiciales si el Gobierno ofrece una solución. La ministra de Hacienda explicó que en su proyecto de Presupuestos para 2019 se incluyó un mecanismo para liquidar esa deuda con las autonomías, pero como fue rechazado aquella fórmula no pudo ser aplicada.

La ministra reconoció que tiene prisa para aprobar los Presupuestos porque es «urgente» que vean la luz ya que el Gobierno funciona con las cuentas prorrogadas de 2018. Hacienda, según fuentes gubernamentales, tiene ya el visto bueno de Bruselas para los objetivos de déficit y deuda, de este año y con ese aval ha convocado el Consejo. Para este año, el Gobierno calcula que los números rojos de las administraciones públicas estarán en el orden del 1,7% del PIB, y el de deuda en el 94,6%.

Montero no quiso, sin embargo, desvelar las cifras acordadas con la Comisión Europea que llevará a la reunión por deferencia hacia los consejeros. «Es de rigor -afirmó- que sean los primeros en conocer la propuesta».