El Gobierno considera que la moción del Parlament sobre el Rey abre otro «proceso unilateral» para proclamar la república

La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha recordado que los dictámenes del órgano asesor del Ejecutivo no tiene carácter vinculante - el Gobierno de Mariano Rajoy también lo desoyó para tratar de impedir la investidura de Carles Puigdemont el pasado enero, tras las elecciones- y que aunque el Gobierno «agradece y respeta» su opinión, no «comparte sus argumentos».

El Consejo de Estado subraya en su evaluación algo que ya admitían los propios socialistas antes de anunciar la impugnación: que, dado que la moción tiene una naturaleza «netamente política y no jurídica» y que no se integra en el ordenamiento legal, no es «idóneo» para ser impugnado ante el máximo intérprete de la Carta Magna. Pese a todo, el Ejecutivo dice ahora, no sólo que recurrirá porque cree que la cámara autonómica se ha «extralimitado» en sus funciones al reprobar al Rey, como anticipó la semana pasada, sino que lo hace porque ve en la moción promovida por la marca catalana de su principal socio parlamentario «un nuevo intento de iniciar un nuevo proceso unilateral que culmine en la proclamación de una república».

La argumentación eleva considerablemente el listón, pero sobre todo contrasta con el discurso que hasta ahora ha mantenido la Moncloa sobre la situación política en Cataluña. El Gobierno lleva semanas insistiendo frente a los reproches del PP y Ciudadanos que las cosas están «mucho mejor» que hace un año y con ese planteamiento rechazan y tildan de frívolas e irresponsables sus continuas llamadas a aplicar, de nuevo, el artículo 155.

En el PSOE existe cierta preocupación por este movimiento. Veteranos dirigentes creen que Sánchez ha «sobreactuado» por temor a que se le acusara de no salir en defensa del Monarca, porque la resolución del Parlament se aprobó justo la noche anterior al desfile y la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real y critican que se ponga en un brete al Tribunal Constitucional. Fuentes del Ejecutivo admiten que su motivación ha sido exclusivamente política. «Ya sabíamos que el Consejo de Estado iba a ir en esa dirección (la de considerar que no hay sustento para un recurso) porque la cuestión no es jurídica -admiten- pero aun así actuamos».