El Gobierno ve las orejas al lobo con sus socios en vísperas de negociar las Cuentas

El jefe del Ejecutivo ya constató el viernes que más allá del discurso sobre un «nuevo tiempo» en el que envolvió su drástica y reciente remodelación gubernamental, nada ha cambiado en términos de fortaleza o estabilidad parlamentaria. Mientras él presumía en Nueva York, en el marco de su gira para captar inversión estadounidense, de haber sacado adelante de manera holgada los Presupuestos de 2021 y prometía hacer lo propio con los de 2022 e incluso 2023, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, sudaban tinta para salvar por solo un voto y en el último momento el decreto de los interinos.

Las dificultades vividas en esa jornada agónica para los socialistas, con hasta Unidas Podemos en contra, tenían mucho que ver con el contenido concreto de la norma enviada al Parlamento por el Gobierno y con el malestar que había generado entre los principales afectados, los empleados de la Administración que llevan años encadenando contratos temporales ante la falta de ofertas para plazas fijas. Pero no solo.

Entre lo aliados habituales del Gobierno, desde el PNV a Esquerra pasando por EH-Bildu o el PDeCAT, existe un hondo malestar por la fórmula a la que se ha abonado la Moncloa para amortiguar sus exigencias y, por lo tanto, minimizar su capacidad de influir en la acción de un Gobierno en franca minoría: los reales decretos leyes. No es, de hecho, la primera vez que le dan un susto. Los socialistas ya se vieron con el agua al cuello para sacar en febrero la flexibilización del Ingreso Mínimo Vital o, en enero, el marco de gestión de los fondos europeos. Y en septiembre, perdió el del uso del remanente de los ayuntamientos.

La crítica unánime se centra en que se llevan al pleno normas sin negociar con una parte irrechazable y otras cuestionables y con la única posibilidad de aceptarlas o rechazarlas. «Se nos sitúa ante un dilema moral», se quejan. Los reales decretos leyes pueden, si así lo decide la mayoría, tramitarse, una vez convalidados, como proyectos de ley y ser enmendados. Pero los grupos acumulan listados de normas que permanecen durmiendo el sueño de los justos, con los plazos de enmiendas ampliados una y otra vez o que han tardado más de un año en tramitarse.

Ese mismo 'modus operandi' se emplea además, según se quejan los socios, con proposiciones de ley que estos consideran cruciales y que el PSOE vota favorablemente en la toma de consideración pero en los que nunca se empieza a trabajar como la ley de secretos oficiales, la ley mordaza o la reforma de la del Tribunal Constitucional impulsadas por los nacionalistas vascos o la de la reducción del IVA para servicios relacionados con dependencia o la que aborda el problema de los bebés robados en la dictadura, de ERC.

«Existe una voluntad de dilatar la capacidad legislativa de la Cámara y de sus diputados, y esta práctica coincide a su vez con un gobierno en minoría que, utilizando estos mecanismos, acaba gobernando como si tuviera mayoría absoluta», se ha quejado en varias ocasiones el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.

Las dificultades para Sánchez no están solo en el Parlamento. Sus socios de coalición ya han puesto en evidencia que la llegada de Yolanda Díaz a la vicepresidencia segunda ha supuesto un cambio en las formas, respecto a la tendencia de Pablo Iglesias a airear los conflictos, pero que no pretenden aflojar la presión. La también ministra de Trabajo ya avisó esta semana, de cara a la inminente negociación de los Presupuestos, de que será exigente. «Hasta ahora el Gobierno lo que ha hecho es sobrevivir, gestionar la mayor pandemia del siglo, pero ahora es el momento de impulsar la agenda social», dijo. En su lista: regular los precios del alquiler, aumentar la carga fiscal a las rentas más altas o la derogación de la reforma laboral.

Paradójicamente, sobre todos esos asuntos mostraron su preocupación esta semana los fondos de inversión a los que se dirigió Sánchez en Estados Unidos. Y la respuesta del presidente del Gobierno fue que no hará nada rupturista. «Los fondos buitre -replicó un día después, retadora, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra- no votan en el Congreso; votan los diputados».

La encrucijada no es sencilla y la ministra Montero se tendrá que emplear a fondo para aprobar las Cuentas en tiempo y forma, como pretende, por primera vez desde 2016, lo que implica enviarlas al Congreso antes del 30 de septiembre.