El Gobierno niega cesiones al independentismo y reivindica el diálogo

Esta última cuestión no es menor. El primer borrador del comunicado conjunto, en el que ambos gobiernos hablan de la la existencia de un «conflicto sobre el futuro de Cataluña» pese a discrepar sobre «su origen, naturaleza o vías de solución», hacía una mención expresa a la búsqueda de una «respuesta democrática» en el marco de la Carta Magna, pero el Ejecutivo accedió a eliminarla, a petición de la Generalitat. En su lugar ambas partes optaron por remitirse al «marco de la seguridad jurídica».

Batet sí dijo de viva voz, en su comparecencia posterior a la reunión, que tanto ella como la vicepresidenta Carmen Calvo mantuvieron también en el Palacio de Pedralbes con el vicepresidente Pere Aragonès y la consejera de Presidentcia, Elsa Artadi, que solo hay un camino dentro de la Constitución y del Estatuto. Y esta mañana, tras el Consejo de Ministros que ha tenido lugar en la Lotja del Mar, en Barcelona, entre fortísimas medidas de seguridad, ha esgrimido que que «no hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico».

La ministra Portavoz, Isabel Celaá también replicó, frente a las críticas de Pablo Casado y Albert Rivera, que hablar de «diálogo en la seguridad jurídica» es «en sí mismo» un avance que «va abriendo más camino» y definió como «muy positiva» la reunión. «El Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo, no existe otra receta -justificó-. Ni las soflamas emocionales ni la aplicación perpetua del 155 nos ofrecen soluciones eficientes».

El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida salarial del 2,25% el próximo año para los 2,5 millones de empleados públicos. Es la mayor desde la efectuada en los años 2009 y 2008, ejercicios para los que se acordó un alza del 3,5%.

El incremento de 2019 responde al acuerdo a tres años (2018, 2019 y 2020) que los sindicatos mayoritarios del sector público firmaron en marzo pasado con el gobierno del PP y que incluía un alza salarial de hasta el 8,79% en términos acumulados para todo el periodo.

De acuerdo con el último boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, a 1 de enero de 2018 la plantilla de empleados públicos ascendía a 2.553.505 personas, de los que el 51,63% se concentra en las comunidades autónomas, el 22,37% está en la administración local, el 20,04% pertenece a la Administración Estatal y el 5,96% trabaja en las Universidades.