El Gobierno y las víctimas llevan a la Fiscalía los homenajes a etarras

La Delegación del Gobierno en Euskadi ha hecho efectivo el anuncio manifestado ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la Fiscalía investigue estos actos celebrados en Hernani, donde se dio la bienvenida al dirigente de ETA José Javier Zabaleta 'Baldo', y en Oñati, donde el recibido fue Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara.

La Fiscalía cuenta ya con toda la información policial sobre ambos actos que la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, ha calificado en Twitter de «inadmisibles» por ser una «insoportable afrenta a la sociedad y a las víctimas del terrorismo».

Precisamente, el colectivo de afectados por el terrorismo del País Vasco, Covite, también los ha llevado a la Audiencia Nacional porque considera que pueden constituir un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.

La presidenta de esta organización, Consuelo Ordóñez, se ha mostrado confiada en que la Audiencia Nacional «aplique la ley» y «condene a quienes han participado en estos homenajes a etarras», que se suman a la lista de los actos de este tipo documentados por Covite este año, un total de 17.

Estos actos han suscitado las críticas de partidos y de instituciones, entre las que destaca la del Gobierno Vasco, que ha exigido a la izquierda abertzale que deje de organizarlos. Su lehendakari, Iñigo Urkullu, los ha rechazado y ha pedido a sus organizadores que tengan un «mínimo de ética». «No podemos mirar a un futuro de convivencia si no hay un mínimo de ética. Exijo a quienes organizan estos actos que si tienen un mínimo de sensibilidad humanista piensen también en el dolor y en el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares», ha advertido.

A pesar de los pronunciamientos de los gobiernos central y vasco, tanto Covite como partidos como el PP o Ciudadanos les han criticado y les han acusado de permitirlos.

Covite ha criticado al Departamento vasco de Seguridad, mientras que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, se ha preguntado «qué ha hecho» el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para evitarlos.

Para despejar esta duda Ciudadanos ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique si el Gobierno piensa adoptar alguna medida para evitar que se vuelvan a producir actos de enaltecimiento al terrorismo. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. «¿Dónde está el Gobierno del PNV? ¿Y su socio Sánchez?», se ha preguntado en un comentario colgado en su cuenta de Twitter.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha escrito en Twitter que estos actos suponen una «humillación para las víctimas y para la democracia» y una «indignidad que no podemos permitir». «Hay que poner fin a estos actos y ampliar el delito de convocatoria de homenajes a los convocantes y organizadores», ha concluido Casado.

También a través de esta red social, el líder de Cs, Albert Rivera, ha considerado «intolerable» el homenaje al dirigente etarra 'Baldo', porque «recibir como un héroe al asesino de cinco inocentes, cuatro de ellos guardias civiles, es humillar a sus víctimas y a nuestra democracia».

Rivera ha apelado a aprobar la propuesta de ley de Cs para «acabar de una vez con esta vergüenza», que incluye sanciones para quienes organicen este tipo de actos.

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha opinado que homenajear al secuestrador de Ortega Lara «es síntoma de ausencia moral y crueldad» y ha lamentado que la izquierda abertzale «sigue sin asumir que la democracia empieza por respetar los derechos humanos de todos».

En la misma línea, los socialistas vascos han interpelado a la izquierda abertzale y le ha instado a que cesen estos recibimientos porque suponen «una humillación» y resultan «incompatibles» con el respeto a la víctimas.

Por parte de la izquierda abertzale, la única reacción ha provenido de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, quien ha pedido «sentido de normalidad» con estos actos en los que los protagonistas son «amigos y familiares» de personas que han estado «30 años en la cárcel».

La polémica sobre estos actos ha llegado también a Twitter de la mano del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, quien ha provocado múltiples comentarios tras comparar la pena de 22 años «en una cómoda prisión» que ha cumplido uno de los etarras que secuestró a Ortega Lara, ya en libertad, con los 532 días «de infierno» que sufrió encerrado en un zulo el funcionario de prisiones.