Gobierno y Generalitat acuerdan «reducir la conflictividad» sin abordar el referéndum

Entre estas peticiones se encontraban el traspaso de 56 competencias como la gestión del Aeropuerto de El Prat, la Seguridad Social o más funciones para los Mossos. Asuntos que acabaron reducidos durante las dos horas que duró la cumbre a cinco ejes generales. Además de la mencionada «reducción de la conflictividad» también se pactó agilizar la entrega a Cataluña de la gestión de becas y ayudas al estudio, que será efectiva el curso 2022-2023; estudiar la viabilidad de otros traspasos en materia de salvamento marítimo o legislación laboral y formación profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y, por último, la puesta en marcha de un grupo de trabajo para abordar las transferencias de los servicios de viajeros de ferrocarril y cercanías sobre la red de Ancho Ibérico.

Todo se reforzará en un calendario de trabajo de seis meses en el que prevén reunirse al menos una vez al mes, para abordar en comisiones sectoriales las posibles transferencias. El próximo febrero volverá a convocarse otra bilateral para evaluar el estado de las conversaciones.

Pero uno de los movimientos más trascendentes del día se produjo en una reunión paralela a la cumbre bilateral y que no se encontraba en la agenda oficial del día, el desbloqueo de 1.700 millones de euros para ampliar el Aeropuerto de El Prat y convertirlo en un «hub internacional». Puigneró había acudido horas antes al Ministerio de Transportes para reunirse con la ministra Raquel Sánchez, que hasta hace dos meses era alcaldesa de Gavá, una de las zonas más afectadas por el tráfico aéreo del área metropolitana de Barcelona.

La obra supone afectar el espacio natural protegido de La Ricarda y ha levantado un frente opositor, básicamente de aquellos municipios más cercanos al aeródromo y de colectivos ecologistas. También dentro del propio Ejecutivo catalán hay muchas voces que recelan de actuar sobre las pistas, por el impacto ambiental que ello conlleva.

Rodríguez aseguró al respecto que el Gobierno y la Generalitat defenderán ante la Comisión Europea la viabilidad de esta ampliación, que plantea dudas desde el punto de vida medioambiental, y calculó en 83.000 el número de empleos directos que se crearán con el proyecto.

La reunión, pese a las críticas preventivas de PP, Ciudadanos y Vox, acabó siendo más técnica que política y no se abordaron asuntos de calado como la autodeterminación o la amnistía a los condenados por el 'procés', que se aparcaron hasta la tercera semana de septiembre, cuando se retome la mesa de diálogo, el siguiente paso que Pedro Sánchez y Pere Aragonès han marcado en la hoja de ruta.

La cumbre se celebró en un momento en el que tanto PSOE como Unidas Podemos ya han iniciado contactos para negociar los Presupuestos de 2022. Unas cuentas públicas vitales para que la coalición pueda apuntalar lo que queda de legislatura y para las que, al igual que el año pasado, necesitarán los votos de los partidos que conforman el llamado bloque de investidura, entre ellos Esquerra. Pero el vicepresidente Puigneró, que pertenece a Junts, les lanzó un aviso: «Si el Gobierno de Pedro Sánchez viene a buscarnos para negociar los Presupuestos, tendrá un precio».

Aragonès, que fue el único jefe de Ejecutivo autónomico que faltó a la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca el viernes pasado, asume en cambio que la independencia va para largo. En consecuencia, el Gobierno de Cataluña quiere seguir apretando al Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con sus competencias mientras ensancha la base social del secesionismo.