Yolanda Díaz ya se había colgado la medalla. Lo hizo el pasado sábado en su primera declaración tras haber sellado con Podemos y otra quincena de formas políticas el pacto para concurrir en coalición a las elecciones del próximo 23 de julio bajo el paraguas ... de su plataforma, Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anunció que había alcanzado un acuerdo con los sindicatos para desplegar el Estatuto del Becario y este jueves mismo lo escenificó junto a los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Pero desde Moncloa se enfría su puesta en marcha.
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Fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que de momento no contemplan la aprobación de esta norma, que pretende regular las condiciones de los estudiantes en prácticas, por el Consejo de Ministros. No irá, con certeza, en el del próximo martes y ven complicado que pueda hacerlo en las próximas semanas. «Está verde», sentencian.
El texto – que establece una serie de reglas para la incorporación de jóvenes en prácticas y recoge nuevos derechos como la compensación de gastos por transporte, alojamiento o manutención, el derecho a vacaciones y descansos como el resto de la plantilla, una «adecuada tutorización» o la protección de su salud– no cuenta con el respaldo de empresarios y universidades.
Lo que Díaz reivindicó este jueves como una medida que «cierra el círculo» del empleo de calidad para jóvenes es, a juicio de las patronales de enseñanza privada y los rectores, una iniciativa que reducirá la oferta de plazas para los estudiantes y que incluso pone en riesgo la titulación de los estudiantes de formación profesional, según han advertido en los últimos días.
La falta de acuerdo de los actores sociales no ha sido obstáculo para que el Ejecutivo aprobara esta legislatura otras iniciativas. La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 8%, por ejemplo, no contó con el visto bueno de la CEOE, pero a diferencia de esta ley, no tenía que ser ratificada por el Parlamento.
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El Estatuto del Becario, que lleva negociándose un año y tiene entre sus asuntos más polémicos la regulación de las prácticas extracurriculares, no solo tendría que concitar el acuerdo entre los socios del Ejecutivo sino que además requiere el apoyo de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente del Congreso.
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