El Gobierno estudia recurrir al Constitucional el decreto de supresión de burocracia andaluz

El primer paso de este nuevo frente de confrontación entre ambos ejecutivos ha sido el acuerdo del Consejo de Ministros para reclamar al Consejo de Estado el informe preceptivo antes de acudir al Alto Tribunal. Un pronunciamiento que piden que sea urgente y se formule antes del próximo 21 de abril. Dos son los aspectos que siembran dudas en el Ejecutivo de Sánchez. Por un lado, entienden que puede existir conflicto de competencias en el apartado de «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación», tarea del Ejecutivo central, ya que el artículo 13 del nuevo articulado andaluz exime de autorización previa administrativa, e incluso de comunicación a la Consejería competente, a determinadas intervenciones sobre bienes de interés cultural y su entorno.

El otro punto de fricción afecta al ámbito audiovisual, un sector que se ha opuesto frontalmente al decreto andaluz dado que, en la práctica, legaliza las emisoras de radio piratas. Así, la nueva norma modifica la Ley Audiovisual andaluza y levanta la prohibición de que haya publicidad privada e institucional en estas emisoras, y abre además la posibilidad a que empresas privadas entren en las cadenas que gestionan los ayuntamientos. Medidas, dice el Ejecutivo, que afectan a la Ley General de la Comunicación Audiovisual en vigor desde 2010. Además, el decreto no cuenta, dicen, con un «presupuesto habilitante de urgencia» para aprobar ese decreto en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19.

El texto andaluz, aprobado por el Ejecutivo regional el 9 de marzo y convalidado en el Parlamento autonómico el pasado 2 de abril, es el proyecto estrella de la primera legislatura de Juanma Moreno al frente de la Junta, y nació con el objetivo de facilitar la creación de empresas y potenciar el tejido productivo en Andalucía, aunque se presentó también como una herramienta para facilitar la salida de la crisis generada por el coronavirus. Su desarrollo involucró hasta a seis consejerías, y supuso cambiar 21 leyes y seis decretos leyes de casi todas las áreas troncales de la administración andaluza, como competencias de suelo, urbanísticas, de turismo, medioambientales o audiovisuales.

Aunque fue consensuado con los empresarios, el decreto cuenta con el rechazo de sindicatos, asociaciones ecologistas, colegios profesionales y asociaciones de comunicación. También de los partidos de la oposición, que amenazaron con llevar la norma a los tribunales por vulnerar los derechos de los diputados al hurtar del debate, ya que se aprobó en pleno estado de confinamiento con una Cámara casi vacía y sin justificar de forma suficiente la urgencia de ciertos elementos del decreto, en alusión precisamente a esa reforma de la ley audiovisual o la eliminación de trabas burocráticas medioambientales.