El Gobierno enfría el acuerdo con ERC para reformar el delito de sedición

Los republicanos desdeñaron durante la primera mitad de la legislatura el gesto con el que el presidente pretendía contribuir al apaciguamiento del independentismo catalán. Nunca aceptaron nada que estuviera por debajo de una amnistía para todos los procesados por asuntos relativos al desafío separatista de 2017 y esa fue la razón por la que Sánchez acabó optando por indultar a los nueve dirigentes que habían sido condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. El pasado verano, en coincidencia con la última reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, sin embargo, Esquerra comenzó a interesarse en privado sobre las posibilidades que ofrecería esa solución.

Una rebaja de las penas vinculadas a ese delito podría beneficiar, en caso de regresar a España, a dirigentes huidos de la Justicia como Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, pero también al líder de este partido, Oriol Junqueras, sobre el que, pese al indulto, sigue pesando una pena de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público hasta julio de 2031. Las reformas del Código Penal son retroactivas siempre que beneficien al reo.

Desde julio, en todo caso, Sánchez viene insistiendo en que, pese a que su propuesta sigue en pie, no existe una mayoría suficiente para sacar adelante la norma en el Congreso. El principal escollo sería, según apuntan algunos miembros del Gobierno, la dificultad para casar las demandas del partido de Oriol Junqueras, que una y otra vez declara su objetivo de que ni un solo independentista más entre a en prisión, con los límites dentro de los cuales quiere mantenerse Moncloa para evitar dejar al Estado inerme frente a futuras amenazas secesionistas. Con todo, las mismas fuentes admitían hace semanas que, si de verdad Esquerra quisiera un acuerdo, «se podría intentar».

El problema es que el calendario ahora no ayuda. Apenas quedan siete meses para las elecciones autonómicas y municipales de mayo y este es un asunto que puede incendiar el debate político y perjudicar electoralmente a presidentes socialistas que optan a la reelección. Este mismo martes, lo advirtió el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en una entrevista en Canal Sur radio. Guerra ironizó, de hecho, con dos de los argumentos empleados por el Ejecutivo sobre la cuestión: el de que la reforma se hace para «homologar» a España al resto de democracias europeas y el de que la negociación sobre el Código Penal no está vinculada con el apoyo de Esquerra a los Presupuestos. «La gente tiene olfato», avisó.

Los republicanos apuntan a la próxima reunión de la mesa de diálogo, prevista para final de año, como horizonte temporal para producir avances en lo que denominan «desjudicialización» del conflicto, aunque también en público han desligado esta cuestión de las cuentas públicas. Lo hizo el lunes su portavoz en el Congreso de los diputados, Gabriel Rufián. «La población está desconectada de estos temas y lo que le preocupa es pagar su hipoteca o ir al súper», llegó a decir.

En una línea similar, Isabel Rodríguez, aseguró este martes, a la pregunta de si realmente se ha empezado a intercambiar algún tipo de documento con ERC sobre la reforma del Código Penal o existe intención de hacerlo en breve, que la «prioridad parlamentaria» del Gobierno está en estos momentos el debate de presupuestario, en sacar adelante asuntos como el transporte gratuito para los estudiantes o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. «Ahí está la prioridad», insistió.