R. C.
Miércoles, 18 de julio 2018
El Gobierno busca la fórmula para exhumar los restos de Francisco Franco aún a pesar de la oposición de la familia, un contratiempo que, según valoró el martes la vicepresidenta Carmen Calvo, podría aplazar el traslado hasta finales de agosto. La vicepresidenta reconoció que el ... acuerdo con los descendientes del dictador hubiera acortado los plazos, pero insistió en cualquier caso que la decisión del Ejecutivo socialista es firme y se terminará por llevar a cabo. «Lo que está muy claro es que van a ser exhumados», insistió ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Los nietos del dictador remitieron un acta notarial a las autoridades eclesiásticas del Valle de los Caídos en el que manifiestan su rechazo a que traslade al jefe del Estado entre 1939 y 1975. Advierten también de que no se harán cargo de los restos, lo que obligaría al Estado a darles sepultura en un lugar a su elección. El presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, también expresó su deseo, a través de un artículo publicado en la página web de esta organización, de que la Iglesia impida que se lleve a la práctica «este abyecto plan».
La buena noticia para los intereses del Gobierno es que la Iglesia no se opondrá a la exhumación. Y es que la Conferencia Episcopal sí podría frenar las intenciones del Ejecutivo si prohíbe la entrada al interior de la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentra ubicada la tumba del dictador.
En cualquier caso, antes de dar ningún paso se quiere estar seguro de que no existe ningún resquicio legal, máxime cuando la Fundación Francisco Franco ya ha adelantado que acudirá a los tribunales si es necesario para frenar su traslado.
Una de las voces que se pronunció ayer sobre este debate fue la del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. «Está enterrado y ojalá la piedra que tiene encima se hundiera», afirmó el histórico dirigente socialista.
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Otra exhumación que podría producirse en un futuro es la del general Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la basílica de la Hermandad de la Macarena en la capital andaluza. El colectivo 'Andalucía Republicana' anunció ayer el inicio de acciones legales contra la junta de gobierno de la hermandad y el Arzobispado de Sevilla por «incumplir» la Ley de Memoria Histórica, además de contra la Junta de Andalucía por «no hacer cumplir» la normativa vigente.
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