El Gobierno defiende la legalidad de sus «viernes sociales» ante la Junta Electoral

El presidente del PP, Pablo Casado, llegó a considerar este miércoles que Pedro Sánchez se adentra «en el terreno de la gravedad» al hacer balance de sus «logros» en los actos como jefe del Ejecutivo y al pretender impulsar en el Consejo de Ministros medidas de carácter social una vez fijadas las elecciones. Con este último argumento, los populares acudieron a la Junta Electoral Central para denunciar la «campaña de aprobaciones y difusión» de decretos leyes con «claro tinte electoralista». Una actividad que, a su juicio, «puede condicionar» a los votantes antes del 28 de abril.

El Ejecutivo, sin embargo, no cree que haya caso. En primer lugar, porque el PP recoge como referencia las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, cuatro días antes de que la fecha de las elecciones fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado. «La Junta carece de competencia para examinar los actos que los miembros del Gobierno puedan realizar con anterioridad a la convocatoria electoral», se argumenta en el texto que firma el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Tampoco le parece que este órgano pueda apercibir de manera preventiva. Esto ya sería, tal y como lo ve el Ejecutivo, motivo suficiente para rechazar la demanda del PP. Pero por si la Junta entra en el fondo de la cuestión, en la Moncloa esgrimen que «ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» limitan la capacidad del Gobierno de dictar decretos leyes en precampaña. Recuerdan que, de hecho, así actuaron los gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en las últimas legislaturas.

Es verdad que el artículo 86 de la Carta Magna acota este instrumento a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Un requisito que, según el PP, Sánchez tampoco está cumpliendo. Pero la Secretaría de Estado de Comunicación no contempla que sea trabajo de la Junta vigilar si concurren o no las circunstancias necesarias.

En cuanto a que las decisiones se expliquen después en rueda de prensa, el Gobierno argumenta que siempre ha sido así y que nunca se ha considerado que el «carácter político-informativo» de las comparecencias pudiera contaminar el proceso electoral. Es más, suspender las convocatorias o no informar de las iniciativas promovidas sería, advierte el Ejecutivo, tanto como provocar una «quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz». «En definitiva -concluye el escrito- la petición (del PP) resulta desproporcionada y contraria al ordenamiento jurídico».

En realidad, la Junta Electoral Central no puede prohibir al Gobierno que apruebe decretos leyes ni que ofrezca conferencias de prensa tras el Consejo de Ministros. Sánchez, en consecuencia, podría sacar a la luz iniciativas legislativas hasta que su Ejecutivo esté en funciones a partir del 28 de abril.

Fuentes cercanas a este órgano de arbitraje electoral señalaron que no está entre sus competencias restringir la actividad gubernamental aun en vísperas de unas elecciones, y que, si el Ejecutivo considera conveniente aprobar decretos leyes en los Consejos de Ministros, no pueden actuar, aunque esas iniciativas legislativas tengan, a juicio de la oposición, «tufo» electoral. Otra cosa sería, agregan las fuentes, si el Gobierno utiliza sus comparecencias semanales de los viernes en época electoral para hacer propaganda de su gestión o a exaltar sus logros.

La Junta tampoco puede entrar a dilucidar si se cumplen los requisitos de «extrema urgencia y necesidad» que requieren los decretos leyes, una tarea que, en todo caso, debería asumir el Tribunal Constitucional. Será el próximo lunes cuando el órgano se pronuncie sobre la petición del PP e intervenga en el primer conflicto de esta precampaña.